En enero de 2024, el mandatario emitió un estado de excepción, que se ha modificado y renovado constantemente hasta la actualidad, y reconoció la existencia de una guerra interna contra 22 bandas delictivas.

En ese contexto, comenzó una “guerra” contra el crimen organizado donde policías y militares actúan de manera conjunta en el denominado Bloque de Seguridad.

Pese a esas acciones contra el crimen organizado, 2025 concluyó como el año más violento en toda la historia nacional, con nueve mil 176 homicidios intencionales, según datos del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana compartidos este sábado en la prensa local.

En total, entre 2024 y 2025 suman más de 16 mil asesinatos.

Es decir, la militarización no ha cumplido ese objetivo de bajar los homicidios y paralelamente genera cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos sobre violaciones de garantías básicas, uso excesivo de la fuerza y desapariciones forzadas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), de Guayaquil, registró al menos 43 desapariciones forzadas en 2024 y uno de los casos más emblemáticos fue el ocurrido con los cuatro niños del barrio Las Malvinas, detenidos por una patrulla militar, desaparecidos y asesinados.

Este 2026 comenzó ya con varias masacres y ataques armados que evidencian la persistencia de los hechos violentos, fundamentalmente en la costa, aunque en la capital del país la última semana fue escenario de robos con armas de fuego a plena luz del día. Por tanto, dos años después de la declaración del conflicto, la inseguridad constante indica que la militarización no ha sido suficiente para contener la violencia.

Expertos en seguridad, como Carla Álvarez, señalan la necesidad de adoptar medidas estructurales más allá de la militarización, como la generación de empleo formal, el regreso de los jóvenes a las aulas, y satisfacer necesidad básicas de la población.

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