En un comunicado, la organización recordó este jueves que en el referéndum de abril de 2024 la ciudadanía votó en contra de incluir arbitraje internacional en convenios bilaterales por considerar que cede competencias del Estado a instancias externas.
El pronunciamiento sostiene que el presidente Daniel Noboa intenta desconocer esa decisión soberana mediante un acuerdo con EUA, eludiendo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) y el control democrático previsto en la Constitución.
Según la RC, el tratado incorpora cláusulas que remiten controversias a organismos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, adscrito al Banco Mundial, y establece un régimen especial para inversionistas extranjeros.
El movimiento político pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie y determine que el acuerdo debe pasar por el Legislativo antes de entrar en vigor, en cumplimiento del mandato popular y del orden constitucional.
“La voluntad del pueblo no se negocia, no se elude y no se traiciona”, señaló la RC, que insistió que el rechazo al arbitraje internacional es de obligatorio cumplimiento para las autoridades del Estado.
Este miércoles, la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, encargada del Ejecutivo, recibió en Quito a Reem Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU.
En el encuentro, donde también estuvo presente la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, las autoridades conversaron sobre los avances logrados tras la visita del presidente, Daniel Noboa, al país árabe en diciembre de 2025, cuando se firmó el tratado ahora cuestionado.
Organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron también su rechazo al Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, suscrito entre ambos países.
Los colectivos advirtieron que estas cláusulas comprometen la soberanía jurisdiccional de Ecuador y restablecen privilegios para inversionistas extranjeros, con posibles impactos negativos en el ámbito fiscal, regulatorio y democrático.
ro/avr
