La medida fue prorrogada el pasado 21 de diciembre por el Ejecutivo de la mandataria Xiomara Castro, que este martes terminará su mandato de cuatro años cuando asuma la presidencia Nasry Asfura, del derechista Partido Nacional.

Con el fin de su gestión expira esta herramienta, que otorgó poderes excepcionales a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FFAA) para contener los índices de violencia en 226 de los 298 municipios de este país centroamericano.

En declaraciones recientes, el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, explicó que la decisión responde al cierre de un ciclo y al inicio de una nueva etapa bajo la administración de Asfura, en la cual se aplicarán nuevas tácticas de seguridad ciudadana, anticipó.

Sánchez destacó una caída en la tasa de homicidios, que pasó de 42 por cada 100 mil habitantes en 2022 a 23 al cierre de 2025, descenso que atribuyó al Plan Nacional de Solución Contra el Crimen y al estado de excepción.

Aclaró que las medidas especiales se aplicaron únicamente contra estructuras criminales y en un catálogo limitado de cinco delitos, convalidado por el Ministerio Público (Fiscalía).

Según esa secretaría de Estado, bajo el paraguas del estado de excepción, se reportaron más de cinco mil detenciones por extorsión y delitos conexos y 79 mil 417 arrestos por diversas infracciones.

Además, se ejecutaron 22 mil 497 órdenes de captura y se incrementó de manera significativa la incautación de droga y armas de fuego, con un total de 18 mil 840 decomisadas.

El plan Solución Contra el Crimen permitió una reducción del 12,5 por ciento en la tasa anual de homicidios, con 62 municipios reportando cero asesinatos durante 2025.

Los niveles de inseguridad en Honduras perturban gravemente la paz a nivel nacional y hace indispensable y urgente continuar con todas las medidas orientadas al restablecimiento del orden público y la protección de la vida humana, como fin supremo de la sociedad, argumentaron las autoridades.

Conocidos como maras y pandillas, grupos formados por jóvenes y adultos controlan algunos barrios de la nación centroamericana, con un modus operandi basado en el asesinato y la extorsión, prácticas a las que se suman el tráfico de drogas, la amenaza y la persecución.

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