El paso de la entidad al régimen de empresas públicas busca mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de transmisión eléctrica y transporte terrestre masivo, según la versión oficial.
En el caso de la ETED, el Decreto núm. 55-26 impulsa un proceso orientado a garantizar la continuidad y calidad del servicio público de transmisión eléctrica y adoptar un modelo de gestión moderno y eficiente.
La medida se realiza preservando plenamente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, sin afectar derechos, obligaciones, contratos ni activos existentes, precisa el decreto presidencial.
Asimismo, se fortalecen sus órganos de dirección y supervisión, se incorporan estándares modernos de gobernanza corporativa y se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas, dotando a la empresa de mayor autonomía técnica y operativa.
Este enfoque permitirá apoyar la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones por fibra óptica, en coherencia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
La empresa estará adscrita al Ministerio de Energía y Minas.
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