El hecho que conmocionó al país ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando Thales Naves Alves Machado, secretario de Gobierno de la alcaldía de la ciudad, disparó contra sus dos hijos, Miguel, de 12 años, quien falleció poco después de ingresar en el hospital, y Benício, de ocho, muerto al día siguiente.

Según reportes de prensa, Alves Machado, quien se quitó la vida después de asesinar a sus hijos, había publicado antes en sus redes sociales una carta de despedida en la cual dejaba ver que el crimen era en respuesta a una supuesta infidelidad de su esposa y a una crisis matrimonial.

Especialistas consultados por diversos medios brasileños coinciden en que el crimen en Itumbiara es un caso de violencia vicaria, una de las formas menos discutidas de la violencia de género.

La secretaria nacional de combate a la violencia contra las mujeres, Estela Bezerra, describió ese concepto como una situación en la que el agresor ofende y crea situaciones de dolor e incluso muerte a personas que tienen una relación afectiva con la víctima, principalmente los hijos, pero también padres e incluso mascotas.

Bezerra explicó en entrevista con la Agencia Brasil que, la mayoría de las veces, se utiliza a niños y adolescentes, los propios hijos de la mujer, porque representan el vínculo emocional más fuerte que ella tiene.

Esto se hace para castigar a la madre, como ocurrió exactamente en Itumbiara, donde el padre mató a sus dos hijos para lastimarla. Es como si recibiera el mayor castigo que una persona puede recibir, añadió.

De acuerdo con la secretaria nacional, en el reciente caso, como en la mayoría de los hechos de ese tipo, el agresor construye una narrativa en la que se presenta como víctima y culpa a su pareja de lo sucedido.

Advirtió que lo más grave de esta situación es la manipulación, a raíz de la cual, una mujer no solo sufre el asesinato de sus hijos, sino que, además, su imagen y su historia quedaron expuestas, y la responsabilidad de la tragedia, debido a la narrativa social y el sexismo, recae sobre ella.

“Este tipo de violencia intenta penalizar a la mujer y responsabilizarla del crimen cometido. Y el crimen cometido es decisión del asesino. El asesino eligió matar. No es responsabilidad de la mujer”, remarcó.

Un proyecto legislativo en la Cámara de Diputados de Brasil propone modificar la Ley Maria da Penha para añadir la violencia vicaria a las definiciones de violencia doméstica y familiar contra la mujer.

La propuesta fue aprobada por la CCJ (Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía) de la Cámara baja en mayo de 2025 y la semana pasada, el mismo día del crimen, la diputada federal Laura Carneiro presentó una solicitud urgente a la Junta Directiva para que el texto se someta a votación en el plenario.

El caso Itumbiara ha reforzado la presión sobre el Congreso para impulsar el debate sobre el tema y ampliar los mecanismos de protección, indicó el portal Brasil247.

A decir del medio, expertos creen que la eventual inclusión del concepto en la Ley Maria da Penha podría ampliar el reconocimiento legal de situaciones en las que la violencia se ejerce indirectamente, pero con un impacto directo en la víctima.

Consultada sobre el tema por el portal de noticias UOL, la abogada feminista Maria Alice Santos señaló las discrepancias en el trato según el género, cuando existe una aceptación social de la infidelidad masculina, lo cual no ocurre con las mujeres.

Una supuesta traición jamás podría justificar la muerte de una mujer ni de sus hijos; y, en este caso, aunque no la mató físicamente, sí la mató y la dañó psicológicamente, lo que llamamos feminicidio indirecto, advirtió.

Estos análisis se producen en un contexto de preocupación creciente en el gigante sudamericano por la violencia de género, luego de divulgarse datos de que 2025 tuvo una cifra récord de feminicidios en Brasil, con mil 470 casos.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron el pasado 4 de febrero el Pacto Nacional de Combate al Feminicidio, que establece un compromiso integrado para combatir ese tipo de violencia letal, con acciones centradas en la prevención, la protección, la rendición de cuentas de los agresores y la garantía de derechos.

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