El Congreso Nacional (parlamento) socializará este martes el que se convertiría en el tercer decreto de emergencia de la administración derechista de Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero en sustitución de la exmandataria progresista Xiomara Castro (2022-2026).
Bajo la cuestionada denominación de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, la iniciativa, de aprobarse, declara un estado de emergencia fiscal y financiera por hasta 24 meses.
Entre otras facultades, la polémica norma abriría la posibilidad de despidos de empleados públicos con o sin contrato como parte de una draconiana reestructuración del aparato estatal.
Según el proyecto enviado al Legislativo por el ejecutivo conservador -sería la tercera emergencia tras las decretadas en salud e infraestructura vial- Honduras enfrenta un deterioro sostenido de las finanzas estatales, limitaciones severas de liquidez y riesgos para la continuidad de servicios esenciales.
Las reacciones no se hicieron esperar y el exministro de Finanzas Christian Duarte arremetió contra los medios corporativos, ministros y hasta voceros de sociedad civil, quienes salieron al unísono a declarar una supuesta “emergencia fiscal” debido al monto de la deuda flotante.
“Hay que ser cínicos y sinvergüenzas. Ese valor de deuda flotante no es motivo de emergencia: en 2020 fue de 15 mil 600 millones de lempiras y en 2021 nos heredaron una de casi 13 mil millones (unos 490,5 millones de dólares). Y se pagó”, escribió Duarte en su cuenta de X.
El otrora titular aseguró que el gobierno de Castro cumplió con cada una de las reglas de la ley de responsabilidad fiscal al cierre de 2025, último año de gestión.
“Deuda flotante menor al 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), déficit fiscal menor al 1,0 por ciento del PIB y contención del gasto corriente”, posteó el funcionario en la citada red social.
Duarte afirmó que esos resultados permitieron a la administración del izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre) cerrar con la mayor reducción en la historia de deuda pública (casi el 10 por ciento del PIB) y el riesgo país más bajo en décadas (2,34 por ciento).
A su juicio, la intención del gobernante Partido Nacional no es sanear las finanzas del Estado, sino justificar despidos masivos vulnerando todos los derechos laborales, cierre de instituciones y programas enteros y el comienzo acelerado de la privatización y venta de los bienes públicos, enfatizó.
“Los que hablan de una deuda flotante enorme se olvidan que fue el bipartidismo, partidos Nacional y Liberal, quienes bloquearon los préstamos ya incluidos en el presupuesto del 2025”, recordó el diputado de Libre Hugo Pino.
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