La decisión fue dada a conocer por la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de La Paz.

Según el documento, el expediente penal contra Serrudo investiga los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en el Código Penal.

La imputada tiene un proceso abierto por la supuesta firma irregular de contratos para la adquisición de dos escáneres de la Aduana Nacional, con un perjuicio económico adicional de más de 10 millones de bolivianos (más de un millón de dólares).

Otra pesquisa en su contra indaga irregularidades en la compra de un terreno y la construcción de un edificio de la institución aduanera en Tarija, que habría generado un daño económico superior a los 10 millones de bolivianos (más de un millón de dólares).

El 29 de enero último, el viceministro de Transparencia, Yamil García, aseguró en conferencia de prensa que la ilícita de Serrudo está vinculada a la compra del terreno y la construcción del edificio de la Aduana Nacional en Tarija.

Precisó que la acusación apunta principalmente a Serrudo, además de la empresa constructora favorecida y el vendedor del terreno en el cual se edificó la infraestructura.

De acuerdo con García, las irregularidades consisten en posibles sobreprecios en la compra del terreno y en la ejecución de la obra.

Igualmente, fueron identificadas inconsistencias en la superficie entregada, pues, pese a que el contrato establecía una extensión mayor, la Aduana recibió solo mil metros cuadrados.

Agregó que, según documentos oficiales, el terreno no cumplía con los requisitos técnicos y legales exigidos en la convocatoria, entre ellos condiciones de ubicación, accesos, saneamiento legal y compatibilidad de uso de suelo.

La denuncia también alerta de posibles anormalidades en el proceso de adjudicación, pues la empresa constructora habría obtenido baja calificación técnica, pero aun así resultó ganadora.

Se añade a esta irregularidad observaciones relacionadas con la ubicación de la obra, calificada de “inadecuada” según el Plan de Uso de Suelo municipal, además de la falta de planos aprobados por la Alcaldía.

Adicionalmente, se expresa que la infraestructura no cubre las necesidades operativas de la Aduana, lo cual obliga a mantener el alquiler de otros inmuebles, además de supuestas deficiencias técnicas en la estructura, como riesgos de filtraciones y problemas en las condiciones del terreno.

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