Según la Federación Ecuatoriana de Exportadores, 580 empresas ecuatorianas envían habitualmente sus productos al mercado colombiano y, en algunos casos, hasta la mitad de su facturación depende de ese destino, lo que vuelve crítico el eventual cobro de aranceles del 30 por ciento.

“Una buena parte de ello está centrada en productos de grasa y aceites vegetales, conservas de atún, manufacturas de plástico y caucho, por ejemplo, y algunos productos manufactureros industrializados que hoy han visto suspendidos sus pedidos”, dijo Xavier Rosero, presidente del gremio, en entrevista con Ecuavisa.

Uno de los sectores más expuestos es el palmicultor, ya que Colombia concentra cerca del 50 por ciento de sus exportaciones, con envíos anuales próximos a los 96 millones de dólares.

El sector advierte que la incertidumbre ya frena decisiones comerciales, aunque aún no entra en vigor el arancel del 30 por ciento anunciado por el presidente colombiano Gustavo Petro en respuesta al gravamen similar que impuso Quito y sí está activo.

“Los compradores colombianos tienen el recelo de cerrar negocios con normalidad porque pudiese suceder que en próximos días u horas la medida sea oficializada por el gobierno colombiano”, manifestó Óscar Calahorrano, representante del clúster de oleaginosas.

La cadena palmicultora genera 110 mil empleos en 14 provincias ecuatorianas, principalmente en zonas fronterizas, y exporta entre seis mil y ocho mil toneladas mensuales al mercado colombiano, volúmenes que podrían redirigirse a otros destinos, aunque con dificultades.

“No podemos reemplazar un mercado naturalmente cercano con todas las facilidades logísticas, (…) nuevas relaciones comerciales no se logran de un día para otro”, agregó Calahorrano.

El sector exportador estima que unos 40 mil empleos están vinculados a empresas con alta dependencia del mercado colombiano y que, de aplicarse la tasa, más de 50 productos ecuatorianos se verían afectados, comprometiendo cerca de 273 millones de dólares anuales en exportaciones.

El conflicto ya se analiza en los tribunales de la Comunidad Andina, tras una denuncia de Colombia contestada por Ecuador, en un proceso que podría prolongar la incertidumbre comercial.

La disputa se desató cuando el presidente Daniel Noboa anunció que Ecuador aplicaría una “tasa de seguridad” del 30 por ciento sobre las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero, bajo el argumento de falta de reciprocidad y acciones insuficientes contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común.

Bogotá rechazó esos señalamientos, anunció un impuesto de igual porcentaje a los productos ecuatorianos y, además, impuso la demanda ante la Comunidad Andina por presunto incumplimiento del Acuerdo de Cartagena.

Asimismo, Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador, mientras Quito elevó en más del 900 por ciento la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

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