El abogado Barry Pollack denunció que la medida podría interferir en el derecho constitucional del líder venezolano a una representación legal.

Según los reportes, Pollack informó a un juez federal de Manhattan en un correo electrónico fechado el 20 de febrero que el Departamento del Tesoro bloqueó la autorización de los honorarios legales que el Gobierno de Venezuela debe pagar. La comunicación electrónica se incorporó al expediente judicial público la víspera.

En la redada nocturna del pasado 3 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados de su residencia en Caracas como parte de una operación militar especial de Estados Unidos que dejó más de un centenar de muertos.

Pollack subrayó en el correo electrónico que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, encargada de administrar las sanciones contra Venezuela, había otorgado el 9 de enero la autorización para el pago de honorarios legales por parte del gobierno venezolano.

Sin embargo, menos de tres horas después, la administración Trump retiró la autorización «sin explicación», aunque mantuvo vigente una licencia que permitía el pago de los honorarios legales de los abogados de Flores, añadió.

En consecuencia, al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa de Maduro, la OFAC está interfiriendo con su capacidad “para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, según la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección”, enfatizó Pollack.

Maduro y Flores tuvieron el 5 de enero su primera audiencia judicial en Estados Unidos, en la cual se declararon inocentes. La siguiente se programó inicialmente para el 17 de marzo, pero se aplazó el día 26 del propio mes.

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