La audiencia del Décimo Juzgado Constitucional de Lima que analizará el 13 de marzo el pedido del documento que, según opiniones de importantes juristas y excancilleres, debe otorgar el Estado peruano sin cuestionar la decisión.

El habeas corpus responsabiliza a la Presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior por la presunta vulneración de la libertad personal y otros derechos de Chávez.

El canciller Hugo de Zela, al anunciar la decisión de abstenerse de otorgar el salvoconducto a la ex primera ministra, argumentó que Chávez se asiló tras ser condenada a 11 años de cárcel, y gestiona una reforma de la convención de asilo que excluya de esa protección a enjuiciados o condenados judicialmentme.

Chávez fue sentenciada como coautora, junto al encarcelado ex presidente Pedro Castillo, del delito de conspiración para una rebelión, por haber este decretado en diciembre la disolución del parlamento opositor, lo que no se hizo efectivo, pues el enconces mandatario fue encarcelado y destituido, en diciembre de 2021.

La defensa de Chávez solicitó también que ninguna autoridad o agente estatal ingrese por la fuerza a la embajada de México, aunque el Gobierno peruano ha asegurado que de ninguna manera lo hará.

La residencia diplomática mexicana, en la que la ex primera ministra permanece desde el 3 de noviembree de 2025, está a cargo de Brasil, que asumió los intereses mexicanos en Lima, después que Perú, como reacción al asilo, rompió relaciones diplomáticas con México.

El exconsejero presidencial Alberto Adrianzén preguntó cuándo se solucionarán las diferencias de Perú con México y dijo que mantener a Betsy Chávez en la embajada de México es una provocación.

Se tratan, agregó, de una táctica errónea de la Cancillería “que solo nos conduce al aislamiento internacional”.

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