La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que el tratado seguirá el procedimiento previsto en la Constitución y lo calificó como un primer paso para fortalecer la relación económica bilateral y abrir la puerta a mecanismos más amplios en el futuro, como un eventual tratado de libre comercio.
El convenio, suscrito en Washington el pasado viernes 13 de marzo tras meses de negociación, elimina la sobretasa arancelaria aplicada por Estados Unidos a productos ecuatorianos.
De acuerdo con las autoridades, el pacto permitirá que alrededor del 53 por ciento de las exportaciones no petroleras ingresen con mejores condiciones comerciales.
El acuerdo también contempla la reducción de aranceles para ciertos bienes estadounidenses, en particular maquinaria agrícola, equipos industriales y maquinaria para la construcción, con el objetivo de abaratar costos productivos.
La canciller sostuvo que el pacto ayudará a reducir la desventaja competitiva frente a países vecinos que ya cuentan con acuerdos comerciales con Washington.
La firma del instrumento desató este domingo un intercambio de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y el exmandatario Rafael Correa (2007-2017), quien acusó al actual gobernante de entregar el país a intereses estadounidenses.
“Lo que has firmado es estúpido, más aún considerando los gigantescos subsidios agrícolas gringos. Ni siquiera te puedo decir traidor a la Patria, porque la tuya es Estados Unidos, a la que -por el contrario- estás sirviendo muy bien”, escribió Correa en la red social X en referencia a que Noboa nació en Miami y tiene doble nacionalidad.
En respuesta, el jefe de Estado defendió la apertura comercial y acusó a Correa de haber entregado Ecuador a los narcos durante su mandato.
“Abrimos el Ecuador al comercio, la inversión y el empleo. El país se lo regalaste tú a los narcos, y lo estamos recuperando. Te queda poco”, escribió Noboa.
Mientras gremios empresariales celebraron el acuerdo por considerar que ampliará oportunidades de exportación y crecimiento, analistas y sectores de oposición expresaron preocupación por sus posibles efectos en la producción local y en la competencia con bienes importados.
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