En la continuación de las presentaciones de diferentes instancias y ministerios llamados a fijar posiciones sobre la propuesta gubernamental de establecer la cadena para algunos delitos, los jueces comparecieron este lunes ante el foro donde fueron antecedidos el viernes por integrantes del gabinete de seguridad y de la Fiscalía General de la República.

Los magistrados fijaron posición ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para levantar la prohibición de la prisión perpetua, que según afirmaron, no violaría tratados internacionales como la Convención de Derechos del Niño, porque se plantea como una pena perpetua revisable y no cerrada.

La Asamblea debe aprobar la pena que afectaría a personas condenadas por ser pandilleros o por comisión de delitos de homicidio, feminicidio, simple o agravados, o violación.

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal de la CSJ, Alejandro Quinteros, dijo que luego de aprobada la pena estaría sujeta a mecanismos de revisión periódica, por lo cual el Estado no renuncia a la resocialización, siempre que haya muestras objetivas y verificables de la ausencia de riesgo para la sociedad.

Otro magistrado, José Fernando Marroquín Galo, puntualizó que de ser aprobada la norma se respetaría la Convención de los Derechos del Niño, ya que ésta, en su artículo 37, indica que ningún niño debe ser sometido a una pena capital ni a la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación.

Aunque hasta ahora hay unanimidad en los participantes en el debate de acoger aprobar la cadena perpetua, algunos expertos opinan que la detención de un niño debe ser siempre una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible.

El viernes último, el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, manifestó su apoyo a la aprobación de la norma para algunos delitos.

“A diferencia de lo que pueden estar ladrando en el extranjero, esta reforma no implica una aniquilación biológica. Esta reforma no es incompatible con un sistema jurídico civilizado, que es el que nosotros aplicamos en El Salvador, un sistema duro, exigente, pero civilizado”, precisó.

Mientras, sectores religiosos consideran que una medida de esta magnitud debería estar respaldada por una discusión profunda y por argumentos jurídicos sólidos.

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