El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, encabezado por Gabriela Sommerfeld, no menciona en la carta a Glas por su nombre y se refiere a él como “el ciudadano”.

“El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, se indica la nota.

El gobierno de Ecuador aseguró que las sentencias en contra del ex vicegobernante son legítimas, pues se resolvieron conforme a la Constitución, el Estado de derecho y las garantías del debido proceso.

La cancillería no menciona el asalto a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente, pero insiste en que las declaraciones de Petro podrían constituir una violación flagrante al principio de no intervención, consagrado en el derecho internacional.

El gobernante colombiano pidió este martes la liberación del político y contó que, en una visita a las islas Galápagos, donde conoció a la familia del presidente Noboa, le dijo que podían entregarle a Glas, también ciudadano colombiano.

En septiembre de 2025, el jefe de Estado del país neogranadino concedió al ex vicemandatario la ciudadanía de esa nación y, desde entonces ha hecho varios pedidos al Gobierno ecuatoriano.

“Solicito a los organismos internacionales de derechos humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar en prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular”, escribió Petro en su cuenta de X.

Glas permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, desde el 10 de noviembre, tras ser trasladado desde la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.

Su defensa ha dicho que cumplió las condenas impuestas en los casos Odebrecht y Sobornos, sin embargo, continúa procesado por la investigación denominada Reconstrucción de Manabí, cuya sentencia de primera instancia es de 13 años de prisión.

El ex vicegobernante, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de 2024, cuando la sede diplomática fue asaltada para aprehenderlo, a pesar de contar con asilo político.

Por otro lado, el Gobierno de Daniel Noboa, aprovechó la nota de protesta para condenar lo que considera como persistente falta de control y el abandono de la frontera por parte de Colombia, lo cual facilita el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas.

“Ecuador exige el cese inmediato de declaraciones que vulneran su soberanía y demanda un compromiso real de Colombia para fortalecer la vigilancia fronteriza”, insiste el texto.

La canciller Sommerfeld confirmó que, junto con el envío de la comunicación a Bogotá, el Ejecutivo ecuatoriano también llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong.

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