De acuerdo con una nota oficial del legislativo, los documentos presentados por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, cuestionaban las norma y advertían sobre su impacto ambiental y, en uno de los casos, proponían establecer responsabilidades en caso de daños a vehículos o equipos.

A juicio del diputado independiente de la coalición Vamos, Jhonathan Vega, cualquiera que tenga un negocio relacionado con el bioetanol, lo va a defender pero las regiones donde se produce la caña de azúcar no se han visto proporcionalmente beneficiadas.

Vega advirtió alertó además que la producción de etanol no es amigable con el medio ambiente y de esa manera solo se traslada la contaminación a la producción del bioetanol.

«Esto no es un tema de querer ayudar al medio ambiente, sino de asegurarle un negocio por varias décadas a tres o cuatro. Al final, las consecuencias las paga el pueblo panameño”, remarcó.

Otro diputado por libere postulación, Lenín Ulate, recordó una nota remitida por el Ministerio de Ambiente en la que asegura que la iniciativa no establece criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental para la producción del biocombustible.

Por su parte, José Luis Varela, del Partido Panameñista, defendió la norma y señaló que prioriza la producción nacional y el desarrollo económico nacional por encima de la importación.

Sobre la obligatoriedad en el uso de los biocombustibles, Varela recordó que ya está establecida en una legislación aprobada en 2023.

A su turno, Luis Eduardo Camacho del partido gobernante Realizando Metas, defendió al contralor de la República, Anel Flores, señalado por supuestos conflictos de interés, dado que su familia es propietaria de uno de los principales ingenios azucareros del país.

El 27 de diciembre de 2025, el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, presentó el proyecto de ley ante el pleno, en medio de cuestionamientos que involucran a Flores.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que toda la gasolina que se comercialice en Panamá deberá contener un 10 por ciento de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

La mezcla sería obligatoria una vez entre en vigor el Programa de Biocombustibles, cuya fecha de implementación quedará en manos de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), según establece el propio texto legal.

De acuerdo con la propuesta, los importadores y distribuidores de combustibles estarán obligados a adquirir la totalidad del bioetanol disponible en el país, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad exigidos.

La iniciativa concentra en la SNE la facultad de otorgar los permisos para producir, almacenar, transportar y comercializar bioetanol.

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