Corporación Venezolana de Minería y empresa de EEUU firman acuerdo

Caracas, 1 may (Prensa Latina) La Corporación Venezolana de Minería y la empresa estadounidense Heeney Capital rubricaron hoy en Caracas un memorando de entendimiento sobre ese sector.

El documento fue firmado en el Palacio de Miraflores, sede de Gobierno, por el presidente de esa entidad y ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, y el representante de la compañía de la nación norteña, Sean Pi.

Este último agradeció al gobierno de Venezuela y al liderazgo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez por fortalecer “todo lo que tiene que ver con el sector de minería” en el país, con lo cual impulsa la creación de empleos y el crecimiento sustentable de la economía.

El empresario norteamericano señaló que Heeney Capital, junto con Mercuria Energy Group, “están muy orgullosos” de mantener el fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos y Venezuela.

Silva, por su parte, consideró la firma del memorando como un “excelente logro” que constituye el primer paso para el fortalecimiento en lazos en materia de minería entre las dos naciones.

Comentó que contarán con una “inversión importante”, además de traer tecnología para el desarrollo de las reservas venezolanas, la certificación y el desarrollo de toda la producción.

El titular agradeció el “gran trabajo” que se ha venido haciendo y dijo esperar se traduzca en un instrumento y acuerdo para producir el bienestar de ambos pueblos.

La Asamblea Nacional (parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad el pasado 9 de abril el Proyecto de Ley Orgánica de Minas tras cuatro sesiones de debate en segunda discusión.

Este instrumento legal fue propuesto por la presidenta encargada Delcy Rodríguez desde finales de enero y fue diseñado para “modernizar, regular y potenciar la actividad minera en el país y el desarrollo económico”, según el parlamento.

Rodríguez escribió en Telegram que la Ley Orgánica “será un vehículo para la construcción de la prosperidad del futuro”.

Entre sus principios establece que el derecho de propiedad de los yacimientos recae solo en la República y considera los depósitos “bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles”, según su artículo tres.

oda/jcd

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