Los pueblos originarios Miskitu, Mayagna, Ulwa y Rama, así como las comunidades afrodescendientes Creoles y Garífunas, habitan mayoritariamente en las dos Regiones Autónomas del Caribe y en el Régimen Especial de Desarrollo del Alto Wangki-Bocay.

De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo, antes del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, estas poblaciones estaban excluidas de la vida social, económica y política del país.

Permanecían aisladas por la falta de infraestructura y sin presencia efectiva de instituciones estatales, lo que generó condiciones de abandono, pobreza y marginalidad.

Según el documento, la Revolución Popular Sandinista entre 1979 y 1990 impulsó una transformación estructural basada en el reconocimiento de los derechos ancestrales.

La Constitución Política de 1987 incorporó el respeto a la identidad cultural, lenguas y tradiciones, mientras el Estatuto de Autonomía, aprobado ese mismo año, estableció un marco para la inclusión plena en la vida nacional.

Subrayó que este proceso permitió reconocer derechos fundamentales como la tenencia comunal de la tierra, la representación política y las formas propias de organización, sentando bases para el bienestar de estas comunidades con respeto a su identidad.

En los últimos 18 años, añadió el texto, se han ampliado estos derechos mediante políticas que fortalecen la participación comunal, regional y nacional, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la exclusión en las regiones autónomas del Caribe.

Entre los logros destacados figura el fortalecimiento del régimen de autonomía y la titulación territorial.

Desde 2007, el Ejecutivo tituló unos 37 mil kilómetros cuadrados en 23 territorios indígenas y afrodescendientes, equivalente a cerca del 30 por ciento del territorio nacional, considerado un hito a nivel mundial.

Asimismo, se han consolidado mecanismos de coordinación entre gobiernos regionales, territoriales y el Estado nacional en áreas como educación, salud, transporte, seguridad y administración de recursos naturales, incluyendo el respeto al consentimiento previo, libre e informado.

También resalta avances en infraestructura vial, que han permitido superar el histórico aislamiento del Caribe nicaragüense.

De apenas 68 kilómetros de carreteras asfaltadas antes de 2007, se ha pasado a más de 700 kilómetros de vías de concreto, conectando casi todos los municipios con el resto del país. Estas obras incluyen la construcción de más de 50 puentes y la mejora de la conectividad aérea y marítima, con inversiones en aeropuertos, puertos y muelles comunitarios.

En ese sentido, sobresale el inicio del proyecto del Puerto de Aguas Profundas en Bluefields, que junto a la red vial, facilitará la conexión de Nicaragua con mercados internacionales en Norteamérica, Europa y otras regiones, impulsando el desarrollo económico y social del país.

ro/ybv