Ambas organizaciones sostienen que la legislación banaliza los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho, al establecer condiciones más favorables para condenados por ataques contra las instituciones.

También alegan que la norma viola el principio constitucional de individualización de la pena y puede derivar en sanciones más leves para responsables de atentados contra el orden democrático que las aplicadas a autores de delitos violentos comunes.

La Ley de Dosimetría fue promulgada este viernes por el presidente del Congreso Nacional, Davi Alcolumbre, una semana después de que el Parlamento revocara el veto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a esa normativa.

Esta nueva legislación modifica disposiciones del Código Penal y de la Ley de Ejecución Penal, y prevé reducciones entre un tercio y dos tercios de las sentencias para acusados que hayan actuado en “contexto de multitud”, siempre que no hayan financiado los actos ni desempeñado liderazgo.

Otro de los puntos cuestionados es la alteración en el cálculo de las sanciones por golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, al impedir la suma integral de condenas cuando ambos delitos estén vinculados al mismo contexto.

Se considera que la ley está dirigida directamente a reducir las penas de los sentenciados por la trama golpista que siguió a las elecciones de 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

El magistrado del STF Alexandre de Moraes, quien fue el relator de los casos penales en los que se condenó a los acusados, desempeñará también esa función en las acciones interpuestas contra la normativa.

Tras esa designación, el juez otorgó a la Presidencia de la República y al Congreso un plazo de cinco días para pronunciarse sobre las acciones contra la legislación.

A continuación, la Procuraduría General de la República y la Abogacía General de la Unión presentarán sus alegaciones y, después de recibir sus comentarios, el ministro decidirá si se suspende la ley, en una decisión que no tiene fecha límite, detalló la Agencia Brasil.

De acuerdo con ese medio, la federación formada por el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde también anunció que impugnará la norma ante el STF.

Esas fuerzas políticas argumentan que no existe justificación constitucional para que los delitos contra la democracia tengan penas reducidas, ya que constituyen el núcleo más grave de las infracciones al ordenamiento jurídico, al atacar los fundamentos mismos del sistema constitucional.

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