Con ese fin, el legislativo entró en sesiones extraordinarias, para que la Comisión de Economía inicie el primer análisis de la llamada Ley de Sustancia Económica, que ha genera diversas reacciones.

A nombre de la coalición Vamos, el independiente Luis Duke señaló que aún no existe una postura colectiva sobre el proyecto de ley, por lo que —indicó— esperarán el avance de las deliberaciones para analizar la propuesta y fijar una posición.

Indicó, además, que todo proyecto de ley que se presente debe tener un claro fin que se traduzca en beneficios para los panameños.

Para Duke no están claros los beneficios que la iniciativa traerá a corto, mediano y largo plazo para el panameño. Tampoco quién garantiza que, con su aprobación, el país saldrá de la lista negra de la UE.

Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, indicó que varias de las recomendaciones planteadas por el gremio fueron incorporadas en la propuesta, entre ellas la definición de “sustancia económica” y de “multinacional”, así como precisiones sobre quiénes deben aplicar la normativa.

Además precisó que el Colegio mantiene reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)para consensuar modificaciones puntuales que serán presentadas ante los diputados.

La iniciativa busca cumplir con estándares internacionales frente a la UE, en particular en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales, en la que Panamá se ha mantenido desde 2021.

El proyecto establece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.

Incluso aquellas compañías acogidas a regímenes fiscales preferenciales que no estén obligadas a presentar una declaración de sustancia económica deberán demostrar su condición de “entidad calificada” ante el MEF.

La propuesta refuerza el principio de territorialidad y busca desincentivar el uso de estructuras sin sustancia, es decir, esquemas corporativos que no generan operaciones ni valor económico real en el territorio nacional.

Para el titular del MEF, Felipe Chapman, la permanencia del istmo en esos listados de la UE conlleva riesgos crecientes para la reputación como nación, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo.

Chapman reconoció la víspera que los recientes casos de blanque de capitales en sociedades anónimas en Colombia con Lili Pink y en Estados Unidos con Polymarket, son ejemplos claros de lo que se busca evitar con el proyecto legislativo.

El funcionario explicó que la evaluación de cada caso corresponde a la autoridad competente y no al MEF, pero subrayó que estas situaciones reafirman la necesidad de contar con medidas que garanticen operaciones reales y transparentes.

En ese sentido, reiteró que la propuesta de sustancia económica busca fortalecer la reputación fiscal de Panamá y evitar que el país sea utilizado como plataforma para estructuras sin actividad real.

Recordó que, al igual que en materia de prevención de lavado de dinero, Panamá ha avanzado en el cumplimiento de estándares internacionales y ahora debe dar un paso adicional para consolidar su atractivo como destino de inversión legítima.

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