Con la instalación de mesas técnicas y jurídicas, este miércoles el municipio de Quito escuchará las propuestas del sector, que el pasado 5 de mayo redujo sus frecuencias y provocó complicaciones para miles de usuarios en la ciudad.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa estableció en septiembre de 2025 compensaciones temporales para el transporte urbano tras la disminución del subsidio al diésel.

Ese mecanismo concluyó en abril, aunque luego el Ejecutivo decidió extenderlo un mes más.

Los transportistas de Quito y de otras ciudades del país sostienen que, sin ese apoyo, el incremento del precio del diésel compromete la sostenibilidad financiera del servicio.

Ese combustible subió esta semana a 3,103 dólares por galón, superando por primera vez la barrera de los tres dólares, mientras que el pasaje urbano en Quito se mantiene en 0,35 dólares.

El alcalde de la capital, Pabel Muñoz, descartó aumentar tarifas a 0,65 o 0,70 dólares debido al impacto que eso tendría en los bolsillos de las familias de menos recursos, mientras que el concejal Diego Garrido planteó que cualquier decisión debe estar precedida por mejoras del servicio.

Por otro lado, el Gobierno nacional instaló el martes una mesa de diálogo con representantes del transporte pesado para analizar medidas frente al aumento del precio de los combustibles y posibles mecanismos de apoyo para ese sector.

Aunque se trata de un segmento distinto al transporte urbano de pasajeros, ambos sectores han advertido sobre el impacto del encarecimiento del diésel y la finalización de las compensaciones temporales otorgadas por el Estado.

En 2025, cuando el movimiento indígena protagonizó un paro de un mes en rechazo al aumento del diésel, los transportistas no se sumaron a las protestas y aceptaron el apoyo económico del Ejecutivo que ahora finalizó.

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