En una entrevista con el canal Teleamazonas, el funcionario señaló que los efectos de la restricción nocturna no se limitan al horario de aplicación, pues el anuncio puede alterar o frustrar operaciones de las bandas criminales.
Según Loffredo, las acciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han permitido detener objetivos considerados prioritarios y decomisar drogas en diferentes zonas del país.
El toque de queda rige entre las 23:00 y las 05:00, hora local, en nueve provincias y cuatro cantones, como parte de las medidas del estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en el contexto del conflicto armado interno declarado en enero de 2024.
Según el Ministerio del Interior, en total hay más de dos mil 200 detenidos desde el 3 de mayo que entró en vigor la decisión, aunque la mayoría de los aprehendidos son por violar la limitación de movilidad.
Aunque el Ejecutivo asegura que la restricción contribuye a contener los homicidios en horas de la madrugada, diversos sectores advierten sobre alteraciones en el transporte público, el comercio nocturno y las actividades productivas en las zonas afectadas.
En opinión de Loffredo, la limitación de movimiento nocturno, que estará vigente hasta el 18 de mayo, ha dado “buenos resultados” y reconoció que implica sacrificios tanto para militares como para la ciudadanía.
Además, Loffredo mencionó una ofensiva contra la minería ilegal que ha incluido la destrucción de más de mil 100 bocaminas en lo que va de 2026 y, según sus estimaciones, ha provocado pérdidas por unos dos mil millones de dólares a las economías criminales.
El ministro adelantó que las Fuerzas Armadas incorporarán drones, sensores y otros equipos tecnológicos, algunos provenientes de la cooperación que mantienen con Estados Unidos.
Asimismo, confirmó la puesta en marcha de una nueva fuerza de tarea conjunta en la provincia del Guayas, integrada por más de dos mil militares y equipada con nuevos vehículos para patrullajes y operativos.
Ecuador cerró 2025 con más de nueve mil homicidios, la cifra más alta de su historia, y entre enero y marzo de este año ya acumuló dos mil 86 asesinatos, según estadísticas oficiales.
Organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales han cuestionado la estrategia de militarización del Gobierno de Noboa como forma de enfrentar la crisis de seguridad, que en opinión del mandatario es una “guerra” contra las bandas criminales, catalogadas como terroristas.
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