Según trascendió en las últimas semanas, los cambios previstos al Código Penal y Procesal Penal incluyen la clasificación de maras y pandillas como asociaciones terroristas.

Entre los puntos más severos destaca la aplicación de cadena perpetua en delitos de extorsión cuando estos deriven en la muerte de una persona.

El Legislativo anunció el pasado jueves que el tercer y último debate de las reformas penales orientadas a combatir el mencionado flagelo se desarrollará en una sesión pública y abierta a la ciudadanía.

Con esta decisión, el Congreso desestima la posibilidad de realizar una sesión a puertas cerradas, una opción planteada días atrás para proteger la seguridad de los diputados ante la delicadeza de los temas de seguridad nacional que se someterán a votación.

La determinación de mantener la sesión abierta busca que el pueblo hondureño sea testigo directo de la discusión de una normativa que impactará profundamente en el combate a la criminalidad organizada.

Por instrucciones del presidente del Parlamento, el tercer debate será a puertas abiertas, “garantizando transparencia, participación y acceso del pueblo hondureño a una discusión de alto interés nacional”, informó Marcos Paz, diputado y titular de la comisión legislativa de Seguridad.

Para el abogado Fernando González, el endurecimiento de los correctivos no representa una solución efectiva para frenar la delincuencia común ni el crimen organizado en esta nación centroamericana.

En declaraciones a medios de comunicación, el profesional del derecho sostuvo que la estrategia actual se enfoca en la reacción y no en la prevención, lo que, a su juicio, limita el impacto de cualquier cambio legislativo.

“No es aumentando las penas que se va a detener la criminalidad, sino implementando sistemas sólidos de prevención e investigación”, afirmó.

González comparó la situación de Honduras con países como El Salvador y Costa Rica, donde se desarrollaron modelos más avanzados en materia preventiva, y lamentó que el país continúe rezagado en la construcción de políticas públicas dirigidas a anticipar el delito.

Una de las cuestiones más polémicas de sus afirmaciones fue la crítica a la posible clasificación de maras y pandillas como organizaciones terroristas.

Aunque aclaró que no defiende a estos grupos, señaló que esta medida debe ir acompañada de acciones similares contra la corrupción, la cual, opinó, genera un daño equiparable o incluso mayor al de las estructuras criminales tradicionales, enfatizó.

“Así como se pretende declarar terroristas a los pandilleros, también debería considerarse terroristas a los delincuentes de cuello blanco que saquean el erario público”, expresó.

Advirtió que catalogar como terroristas a miembros de maras podría responder más a una estrategia de impacto mediático e internacional, alineada con decisiones adoptadas por Estados Unidos, que a una política integral de seguridad.

“Mientras no se atiendan las causas estructurales, seguiremos reaccionando y ocupando los últimos lugares en seguridad a nivel internacional”, sentenció.

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