Los magistrados, en una conclusión 8-1, anularon la decisión de un tribunal inferior de desestimar las sentencias contra Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises, las cuales fueron demandadas por una empresa de Estados Unidos que había construido instalaciones portuarias en Cuba antes del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución cubana.
En 2022, la jueza de distrito Beth Bloom ordenó a las líneas de cruceros con vínculos en el sur de Florida pagar 439 millones de dólares, más honorarios y costas de abogados por una arbitraria acusación que se sustenta en el cerco económico, comercial y financiero unilateral impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de seis décadas.
La sentencia entonces fue la primera de su tipo en virtud de una disposición clave, conocida como Título III, de la Ley Helms-Burton (que codifica el bloqueo) permitiendo a antiguos dueños de bienes en Cuba reclamar sobre propiedades nacionalizadas por el Gobierno revolucionario y demandar a quienes -dicen- se benefician del uso comercial de ellas.
Pero una decisión 2-1 en el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito con sede en Atlanta en 2024 tiró al piso el veredicto de la jueza miamense en este recurso judicial que perseguía al “turismo prohibido” y “actividades de tráfico” al transportar pasajeros a Cuba y utilizar los muelles de las instalaciones de la nacionalizada (en 1960) empresa estadounidense Havana Docks.
Havana Docks Corporation construyó muelles en el puerto de La Habana a principios del siglo XX y su demanda intenta reclamar una indemnización a las compañías de cruceros, cuyos barcos han usado la terminal.
El Título III fue suspendido por cada ocupante del Despacho Oval desde que William Clinton firmó la ley hace más de tres décadas hasta que Donald Trump levantó esa pausa en 2019 durante su primer mandato (2017-2021).
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