A través de un pronunciamiento, la organización rechazó recientes declaraciones del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, y el nuevo intento de esa nación “de criminalizar a dirigentes históricos de la Revolución cubana, especialmente, al General de Ejército, Raúl Castro”.

En opinión de la ANAD, se trata de una agresión política y jurídica inadmisible que constituye una grave violación al principio de igualdad soberana de los Estados y al derecho de los pueblos a la libre determinación, elementos fundamentales del derecho internacional.

Sostuvo que ninguna nación tiene derecho a erigirse en juez del mundo y ninguna administración puede pretender imponer su voluntad mediante amenazas, bloqueos, sanciones o campañas de persecución política.

“La convivencia internacional exige respeto, diálogo y reconocimiento mutuo entre los pueblos”, subrayó la Asociación al señalar los comentarios de Rubio, que “representan una expresión de intolerancia y arrogancia imperial que busca justificar una nueva escalada de hostilidad contra Cuba”.

Son palabras que ofenden no solo al pueblo cubano –apuntó-, sino a todas las naciones que defienden su independencia y su derecho a construir libremente su propio destino.

Agregó que la isla ha resistido durante más de seis décadas el bloqueo impuesto por Washington, una “de las mayores injusticias de nuestro tiempo” y, pese a ello, ha dado al mundo “un ejemplo de dignidad, solidaridad y compromiso con la salud, la educación y la justicia social”.

La organización insistió en que los conflictos internacionales no se resuelven mediante amenazas ni uso faccioso del derecho, sino mediante la diplomacia y respeto entre países.

Convocó a las organizaciones sociales, sindicales, académicas, jurídicas y democráticas de México y del resto del mundo a pronunciarse con firmeza en defensa de la mayor de las Antillas y del derecho de todos los pueblos a vivir libres de injerencias externas.

El Gobierno de Cuba repudió ayer la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra Raúl Castro.

A través de una declaración, afirmó que la administración norteamericana “carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción» y calificó la imputación de “acto despreciable e infame de provocación política”, basado en la manipulación de un incidente de febrero de 1996.

En esa fecha fueron derribadas dos aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, que violaba repetidamente el espacio aéreo cubano.

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