El informe titulado “Desigualdad de oportunidades: niños, niñas y adolescentes en desigualdad económica” fue elaborado por la oficina de investigación Innocenti, del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Para su realización fueron analizadas tres áreas críticas: bienestar mental, salud física y habilidades académicas o sociales.
El resultado mostró que en Chile existen alertas urgentes respecto a profundas brechas estructurales y socioeconómicas presentes en el país.
Respecto a la salud el dato más alarmante destaca que el 58 por ciento de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años presenta sobrepeso, superando con creces el promedio internacional de 28 de cada 100.
Además, 13 por ciento de los estudiantes de 15 años encuestados reconoció haber dejado de comer u omitido comidas por falta de recursos económicos en el hogar.
Solo 36 de cada 100 jóvenes de 15 años alcanza niveles básicos de competencia en lectura y matemáticas y adicionalmente, afirma Unicef, el sistema escolar chileno se posicionó como uno de los más segregados socialmente, con un índice de 0,37, cuando el promedio general es 0,24.
La investigación hecha por la oficina Innocenti puso en evidencia que las brechas de ingresos familiares amplifican los problemas de desarrollo.
En el país la quinta parte más rica de la población percibe ingresos que superan en más de 10 veces a los de la quinta parte más vulnerable, marcando la disparidad más alta de los países evaluados.
Para revertir la situación y mitigar el impacto de las profundas diferencias económicas, la Unicef planteó una hoja de ruta con varias propuestas de políticas públicas urgentes.
Entre ellas están mejorar los subsidios familiares y los bonos directos por hijo para blindar el presupuesto de los hogares más vulnerables y potenciar el salario mínimo para que ningún niño crezca en situación de pobreza monetaria.
También sugiere entregar comidas saludables, gratuitas y de alta calidad nutricional en los establecimientos; disminuir los altos índices de segregación socioeconómica y garantizar que todas las escuelas tengan igual personal calificado e infraestructura.
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