Con más de 60 años con un conflicto interno armado activo cuyas causas de origen aún permanecen, como la desigualdad y la exclusión de tierras, el orden de prioridades de los neogranadinos no coincide exactamente con el de otros en la región.

Más allá de titulares sensacionalistas centrados en el pugilato entre derecha e izquierda, las votaciones del próximo 31 de mayo marcarán el futuro de cuestiones tan vitales en el país, no dirimidas en ningún otro de Latinoamérica, como lo es el Acuerdo de Paz de 2016.

La postura diverge entre cada uno de los que puntean en encuestas.

El ultraderechista Abelardo De la Espriella asegura que en su gobierno “no habrá procesos de paz” y que “con los criminales no habrá negociación”.

El tigre, como se apoda a sí mismo, posee una especie de lema para el trato con grupos armados y estructuras criminales que es “sometimiento, cárcel o muerte”.

Calificó a la corte de justicia transicional creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno como un “tribunal de la venganza” y un “bodrio”, que merece ser cerrado.

También considera que la ONU funciona como “una caja de resonancia de la izquierda”, por lo cual no resulta desatinado creer que desconocerá el llamado del secretario general, António Guterres, de preservar los objetivos del pacto.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, la pupila de expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), también arremete contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La aspirante manifiesta abiertamente que, de llegar a la Presidencia, no prorrogará su funcionamiento porque, a su juicio, se diseñó para brindar “impunidad a los exguerrilleros”.

El trabajo de ese tribunal, cuya misión es administrar justicia transicional de manera autónoma, brindar reparación a las víctimas y determinar la verdad desconocida detrás de hechos de violencia, suele ser rechazado de manera general por las filas del uribismo.

Bajo la gestión de la entidad, se hallaron cadáveres en el sitio conocido como La Escombrera de Medellín, y la ciudadanía presume que fueron el saldo dejado por la Operación Orión, ejecutada bajo la primera administración de Uribe.

El mentado operativo fue una intervención militar llevada a cabo en 2002 en la Comuna 13 por parte del Gobierno durante el cual desaparecieron cientos de jóvenes, bajo la excusa de que estaban supuestamente relacionados con movimientos guerrilleros.

Descarta por otra parte Valencia la apertura de nuevos procesos de negociación con agrupaciones como el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo o los grupos residuales de las desaparecidas FARC-EP.

Su propuesta presidencial consiste en suspender las mesas de diálogo y ordenar a la Fuerza Pública reactivar de inmediato todas las órdenes de captura pendientes para someter a los armados por la vía judicial y militar.

El candidato de la izquierda, Iván Cepeda, considera en cambio que cumplir lo pactado en no es opcional, sino “un deber constitucional de entrada”.

Apoya la continuidad de las salidas negociadas y consensuadas, aunque también alertó que cualquier eventual diálogo de país está supeditado al principio de no agresión contra la población civil y que no habrá posibilidad de acuerdo en medio de asesinatos de lideresas y líderes sociales ni de presiones violentas contra la ciudadanía o las instituciones.

Su postura, al parecer, prioriza un enfoque más pragmático tras los malogrados intentos llevados a cabo durante la administración de Gustavo Petro.

Al tratarse de un defensor de los derechos humanos, no es de extrañar que se manifieste a favor de los actos de reparación para las víctimas del conflicto.

Para Guterres, el Acuerdo de Paz constituye una hoja de ruta integral para atender las causas estructurales del conflicto, mientras advierte que los territorios con mayores rezagos en su implementación son precisamente los que hoy concentran los problemas más graves.

Tras las elecciones ya se verá si, como define el secretario general, se mantiene su impacto en la “ampliación del espacio democrático del país” y si se respetan sus ejes sobre reforma agraria, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, entre otros.

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