El prelado reiteró su rechazo a la medida porque, dijo, infundirá un profundo miedo en la población extranjera, provocando que los enfermos no se acerquen a los recintos médicos por temor a ser delatados o expulsados.

Los hospitales y consultorios son, por su propia naturaleza, lugares de amparo y cuidado, un principio que se vulneraría si se les obliga a actuar como fiscalizadores, señaló.

Además, enfatizó que la falta de documentación de los extranjeros no se debe necesariamente a mala voluntad de ellos, sino más bien a los sistemas de regularización migratoria demasiado lentos y muchas personas que trabajan y aportan a la sociedad están atrapadas en trámites administrativos.

En declaraciones a Radio 13c, el arzobispo señaló que el tema se conversó con diferentes instancias del gobierno anterior y también del actual y recordó el papel de la iglesia en el asunto migratorio.

Los Estados tienen el derecho a regular el ingreso al país, puntualizó, y en este sentido llamó a valorar y tener presente el enorme aporte que la migración chilena hizo en otras naciones de la región y Europa.

El cardenal calificó de “terrible” que una persona extranjera, por miedo a la situación, evitara acercarse a un recinto de salud, pues eso podría traer consecuencias graves para ella y también al resto de la sociedad.

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