Ese convenio consiste en la aplicación de un sistema económico de intercambio monetario, que surgió en 2009 como una iniciativa en el marco de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para impulsar su comercio recíproco sin utilizar el dólar como medio de pago.

Es decir, no era una moneda física, sino una unidad de cuenta virtual administrada por los bancos centrales con el objetivo de compensar exportaciones e importaciones entre países, reducir costos de transacción y disminuir la dependencia del dólar.

Este miércoles, la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, titular de la mesa legislativa, dijo que desde 2019 se dejó de usar totalmente ese mecanismo y en la actualidad habría un intercambio cero a través de ese sistema.

Según Jaramillo, el Sucre “no cumplió su objetivo y más bien se convirtió en un entramado más de corrupción del correísmo y sus aliados”.

Incluso, la legisladora del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) dijo que la herramienta habría sido usada por el exministro de Venezuela deportado a Estados Unidos Alex Saab para lavar dinero, “simulando compras de material de construcción de viviendas a Ecuador”.

La Comisión cuenta con 20 días para la elaboración del informe que deberá ser enviado al Pleno de la Asamblea para su debate y votación.

La asambleísta de Revolución Ciudadana (RC), Bertha Vélez, que es parte del grupo parlamentario, reconoció que el mecanismo de intercambio y compensación Sucre no funciona desde hace años.

En declaraciones a la prensa, Vélez señaló que la oposición pedirá información al Banco Central del Ecuador sobre el impacto que tuvo este sistema en la economía del país mientras se aplicó.

Sobre las denuncias de que el mecanismo de pagos fue usado supuestamente para lavar dinero, Vélez señaló que eso no le compete a la Asamblea, sino a la justicia.

La intención de retirar a Ecuador del sistema Sucre comenzó durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) y en 2022 la Corte Constitucional resolvió que el abandono del tratado requiere aprobación previa del Parlamento .

Durante su Informe a la Nación, el pasado domingo, el presidente Daniel Noboa aseguró, sin mencionar ejemplos concretos ni presentar pruebas, que con el Sucre “se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias”.

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