Crispín instaló este miércoles un colchón y frazadas en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y declaró a la prensa que asumió esa medida extrema debido al impacto negativo que las marchas y bloqueos provocan en la población.
“Estoy entrando en huelga de hambre, estoy asumiendo esta medida pacífica porque necesitamos que las soluciones lleguen ya a la población. Muchos están sufriendo de hambre”, afirmó la legisladora ante los periodistas.
Informó Crispin que la falta de acuerdos concretos en las recientes convocatorias al diálogo realizadas por el presidente, Rodrigo Paz, y el vicemandatario, Edmand Lara, fue “la gota que derramó el vaso”.
Según la senadora, las reuniones convocadas de manera separada no lograron resultados efectivos para atender las demandas sociales.
Criticó, además, la falta de respuesta del Ejecutivo frente a los reclamos de los sectores movilizados y afirmó que la ciudadanía “está pagando los platos rotos” por la falta de gobernabilidad.
Este jueves se cumplen 28 días desde el llamado de la Central Obrera Boliviana (COB), a exigir en marchas y bloqueos la renuncia del jefe de Estado, Rodrigo Paz.
Convergen en este tipo de medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
En este contexto, desde el viernes último, permanecen en huelga de hambre en la sede de la Defensoría del Pueblo, en La Paz, Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca “por Bolivia, los derechos humanos y la canasta familiar”, según dijeron a Prensa Latina las tres amas de casa desde su lecho de huelga.
Huanca también criticó la promulgación de la Ley 1732, que deroga la 1341 nacida de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacre en Senkata, Sacaba, Hayllani y el Pedregal, con saldo de 37 muertos, luego del derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019.
“La Ley 1341 indica que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía fue rebasado -acotó Huanca-, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad», explicó.
Informó que las huelguistas consideran que al abrogar la Ley 1341 se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos como el fuero sindical, además del uso abusivo y excesivo de los instrumentos represivos del Estado.
npg/jpm
