La magistrada se refirió a los desafíos que enfrenta el sistema judicial y a la necesidad de preservar su independencia.

La titular del máximo tribunal señaló que los sistemas de justicia se encuentran en constante revisión y transformación para responder de manera más efectiva a las necesidades de la sociedad y fortalecer la administración judicial.

En ese sentido, destacó que el Órgano Judicial mantiene su compromiso de impulsar una justicia más sólida y eficiente, siempre dentro del marco constitucional y legal vigente en el país.

“Vivimos en un Estado de derecho donde las leyes y los diseños procesales establecen los pasos que deben seguirse. Es deber de todos, incluyendo al Órgano Judicial, respetar esos procedimientos”, afirmó.

En declaraciones a la prensa, Chen también se refirió a las inquietudes ciudadanas surgidas en torno a decisiones relacionadas con medidas cautelares en procesos penales, aunque precisó que no le corresponde emitir opiniones sobre actuaciones específicas de los jueces.

Explicó que tales medidas pueden ser objeto de revisión por instancias superiores e incluso llegar al conocimiento del propio Supremo, por lo que cualquier pronunciamiento previo podría comprometer la objetividad e imparcialidad que exige el ejercicio de sus funciones.

La magistrada sostuvo además que la independencia judicial requiere prudencia y respeto por parte de todos los actores vinculados a la administración de justicia, con el propósito de garantizar que las decisiones sean adoptadas conforme a derecho y mediante los mecanismos institucionales previstos.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por importantes procesos judiciales vinculados a casos de corrupción de alto perfil.

Recientemente, la CSJ mantuvo firme la condena contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2024), ahora asilado en Colombia, por blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, relacionado con la adquisición de la Editora Panamá América.

El exmandatario fue sentenciado a 10 años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa de 19,2 millones de dólares y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Asimismo, el máximo tribunal rechazó las demandas e inconstitucionalidad presentadas por la defensa de Martinelli, ratificando tanto la resolución indagatoria como la sentencia condenatoria.

De otra parte, permanece pendiente el fallo del juicio por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, considerado el mayor escándalo de corrupción en Panamá en las últimas décadas.

El proceso ha sufrido al menos seis aplazamientos desde 2023 debido a razones administrativas, problemas de notificación a algunos imputados y las complejidades de una investigación iniciada en 2015.

En la fase final de las audiencias, los fiscales solicitaron condenas para 16 procesados en calidad de autores, entre ellos Martinelli y varios exministros de su administración, mientras que para otras cinco personas pidieron sentencias absolutorias.

Las conclusiones de este proceso son esperadas con atención por diversos sectores de la sociedad panameña, en momentos en que las autoridades judiciales insisten en la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

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