El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados por 105 votos contra 46, prevé la revisión de mochilas y bolsos a la entrada de los establecimientos para evitar el ingreso de objetos peligrosos y prohíbe el uso de vestimenta o accesorios que impidan la identificación facial.

También establece sanciones, como la pérdida del beneficio de gratuidad en la educación superior a estudiantes que hayan sido condenados por violencia o ataques a la propiedad pública y privada.

En opinión del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la medida impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast es insuficiente, porque aborda los efectos del fenómeno y no las causas estructurales que lo originan, como la salud mental y los problemas sociales.

Advirtió que para erradicar el flagelo de forma definitiva se requieren políticas que apunten al fondo y dejen de lado los mensajes efectistas.

“Si se quiere abordar en serio, de verdad, este problema que es probablemente el más grave que está ocurriendo hoy en la educación chilena, esta futura ley queda absolutamente insuficiente. Lo dijimos antes, lo decimos ahora y lo vamos a seguir diciendo”, sostuvo Aguilar.

Diputados de oposición anunciaron su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional porque la iniciativa vulnera normas que existen en el marco institucional.

La legisladora Daniela Serrano, integrante del Partido Comunista y miembro de la Comisión de Educación, rechazó que se prive del derecho a educarse solo a los estudiantes más pobres, porque aquellos que tienen medios para ir a la universidad no necesitan de la gratuidad.

Diversas organizaciones, como la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), rechazan la ley impulsada por el gobierno porque criminaliza a las comunidades educativas y vulnera derechos fundamentales.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, consideró que la violencia escolar requiere, sin dudas, una respuesta integral por parte del Estado, pero solamente aumentar penas no previene los hechos, ni protege efectivamente a niños, niñas y adolescentes.

Lo que se requiere son políticas que consideren la prevención, la salud mental, el fortalecimiento de los equipos de convivencia escolar, la intervención temprana y una protección efectiva de toda la comunidad educativa, dijo.

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