A través de una nota oficial, el Ejecutivo cuestionó la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de establecer aranceles adicionales de entre 10 y 12,5 por ciento a las importaciones procedentes de la Unión Europea y de 59 países, incluyendo a Brasil.

Washington sostiene que algunas naciones presentan fallas en el control de productos fabricados mediante trabajo forzado; sin embargo, el Gobierno brasileño calificó esa justificación como una distorsión de un tema sensible para favorecer medidas proteccionistas unilaterales.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, resulta lamentable que la defensa de condiciones laborales dignas para millones de trabajadores sea utilizada como argumento para restringir el comercio internacional.

Brasil recordó además que la Organización Internacional del Trabajo reconoce desde hace décadas al país como una referencia mundial en la lucha contra el trabajo forzado.

Según el documento, ese reconocimiento es resultado de una combinación de fiscalización estatal, sanciones a los responsables, cooperación institucional y voluntad política.

En el texto, el Gobierno brasileño calificó de absurda cualquier insinuación de que la competitividad de la economía nacional dependa de insumos obtenidos mediante prácticas que atenten contra la dignidad humana.

La medida estadounidense se basa en investigaciones realizadas bajo la llamada Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo usado por Washington para investigar y aplicar represalias contra países cuyas prácticas comerciales considere injustas o perjudiciales para los intereses estadounidenses.

Esta disputa tiene lugar después de que a principios de esta semana la administración de Donald Trump también anunciara la posibilidad de aplicar una tarifa punitiva adicional del 25 por ciento a productos brasileños.

Para justificar esa postura, las autoridades estadounidenses argumentaron que determinadas políticas de este país serían desleales para la competencia internacional, sobre todo compañías norteamericanas.

El Gobierno del gigante sudamericano rechazó igualmente esas acusaciones y aseguró que las medidas adoptadas aquí son compatibles con las normas internacionales.

Frente a la escalada de tensiones comerciales, Brasil recordó que cuenta con instrumentos legales para responder, como la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional el año pasado.

Esa legislación autoriza a adoptar contramedidas comerciales contra países o bloques que impongan restricciones unilaterales a los productos brasileños.

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