El Legislativo hondureño, controlado por la derecha, dio luz verde en las últimas horas a una norma que blinda al sector agroindustrial, las inversiones y las tierras destinadas a la producción, pese a advertencias de Naciones Unidas sobre su impacto en asociaciones indígenas y campesinas.

Para la bancada de Libre, la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, lejos de llevar paz y tranquilidad al campo, generará confrontación, violencia e inestabilidad, al criminalizar la protesta campesina y favorecer a la gran empresa y a los grupos oligárquicos del país.

Según el diputado Marco Lobo, el Código Penal ya establece la figura de usurpación cuando una persona ocupa ilegalmente un terreno, por lo que estimó que la controvertida normativa le da el tiro de gracia a la Ley de Reforma Agraria y elimina, en la práctica, facultades del Instituto Nacional Agrario.

Lobo denunció que los grandes oligarcas hicieron uso de la Ley de Modernización Agrícola para arrebatar de forma ilegal las tierras que históricamente pertenecen a los campesinos.

Por su parte, el congresista Rafael Sarmiento, también de Libre, aclaró que la formación de izquierda no defiende a quienes toman tierras de manera ilícita ni a grupos ligados al crimen organizado, sino a los labradores honrados y honestos.

Advirtió que el flamante decreto, avalado por los partidos Nacional (en el poder) y Liberal (aliado del oficialismo), criminaliza la lucha campesina, lo cual puede provocar más conflictos en el Bajo Aguán, región del norte de Honduras afectada por el narcotráfico y un viejo conflicto agrario.

Para su correligionario Hugo Pino, se trata de una de las leyes más nefastas aprobadas en el Congreso Nacional (Parlamento), porque se estaría borrando la Ley de Reforma Agraria que establece los mecanismos de afectividad de la tierra en esta nación centroamericana, enfatizó.

Pino acusó a la derecha gobernante de violentar derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos y defender los intereses del gran capital, lo cual calificó de inconcebible.

Cuestionó que no exista claridad sobre cuántas tierras nacionales habrían terminado en manos de privados para actividades agroindustriales.

Libre nunca apoyará una iniciativa que va en contra de los derechos conquistados por el campesinado desde la huelga de 1954, sentenció Pino.

La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por el posible impacto negativo de la ley en los derechos económicos, sociales y ambientales de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

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