El presidente del pueblo de Sarayaku, Daniel Santi, informó este lunes en Quito que una delegación expondrá ante la Corte las medidas que, a su juicio, permanecen pendientes de ejecución.

La diligencia tendrá lugar en San José, Costa Rica, y evaluará el grado de cumplimiento del fallo dictado por el tribunal internacional en 2012, tras una demanda presentada por la comunidad indígena por la concesión de actividades petroleras en su territorio sin consulta previa.

“Después de 14 años, la Corte IDH nos ha llamado a una audiencia de supervisión del caso Sarayaku. Los gobiernos de turno no han tenido la plena voluntad de cumplir al 100 por ciento la sentencia”, afirmó Santi.

Recordó que el conflicto se originó en 1996, cuando el Estado ecuatoriano otorgó una concesión petrolera dentro del territorio ancestral de Sarayaku.

Según explicó, la comunidad denunció vulneraciones a sus derechos colectivos, particularmente al derecho a la consulta previa, libre e informada, por lo que inició acciones legales que finalmente llegaron al sistema interamericano de derechos humanos.

El 27 de julio de 2012, la Corte IDH determinó la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la vulneración de derechos territoriales y de participación de la comunidad indígena y ordenó una serie de medidas de reparación.

Sin embargo, el dirigente sostuvo que varias de esas disposiciones aún no han sido cumplidas integralmente.

El abogado del pueblo Sarayaku, Mario Melo, precisó que la sentencia de la Corte IDH ordenó al Estado el retiro de mil 460 kilogramos de pentolita, compuesto químico altamente explosivo, y reconoció que se había violado el derecho a la consulta previa, libre e informada.

El presidente de la organización Pakiro, Luis Canelos, denunció que el Estado lejos de cumplir la sentencia emitida en 2012, acelera la expansión petrolera con la apertura de nuevos bloques en su territorio.

A su vez, la presencia de la delegación Sarayaku en Quito estuvo marcada por una controversia con la Asamblea Nacional, donde la legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, denunció que representantes de esa comunidad indígena no pudieron ingresar a la sede parlamentaria.

Yumbay criticó las restricciones impuestas a la delegación y sostuvo que la Asamblea debe garantizar espacios de participación para organizaciones sociales y pueblos indígenas.

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