El debate se produjo a propósito de la situación de los puertos de Balboa (Pacifico) y Cristóbal (Atlántico) en ambos lados del Canal.

La tensión afloró durante el diálogo entre observadores permanentes y Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sucedió cuando el representante del gigante asiático, Xie Feng, cuestionó decisiones adoptadas por las autoridades panameñas relacionadas con la concesión portuaria operada por Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado CK Hutchison, con base en Hong Kong.

El diplomático expresó preocupación por lo que calificó como una afectación a la seguridad jurídica y al clima de inversiones en Panamá, tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia panameña en enero último, que declaró inconstitucional la extensión automática por 25 años del contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

“Los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento. ¿Quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?”, manifestó Xie ante los delegados reunidos en la capital panameña.

Por su parte, el jefe de la diplomacia istmeña defendió la independencia de los poderes públicos y recordó que el Ejecutivo no puede interferir en las decisiones del Órgano Judicial.

“Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío”, afirmó Martínez-Acha, en una de las intervenciones más comentadas de la jornada.

El ministro sostuvo además que recibió solicitudes para intervenir en el proceso judicial, pero insistió en que el Gobierno únicamente puede acatar las decisiones de los tribunales, en apego al orden constitucional vigente.

El diferendo escaló más allá del ámbito jurídico cuando Panamá denunció un incremento significativo de inspecciones y retenciones a embarcaciones de su marina mercante en puertos de China continental.

Según Martínez-Acha, estadísticas oficiales muestran un aumento de esas acciones tras el fallo de la Corte Suprema, situación que, afirmó, no se observa con igual intensidad en otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas.

Beijing sostiene que se trata de procedimientos rutinarios vinculados a la seguridad marítima y rechaza cualquier interpretación de carácter político.

El intercambio provocó reacciones inmediatas en el ámbito nacional. El presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó respaldo absoluto al canciller y defendió la postura asumida por la delegación istmeña durante las deliberaciones de la OEA.

“La defensa de nuestros intereses es una e indivisible”, señaló el mandatario en un mensaje divulgado en la red social X.

Analistas consultados por medios locales consideran que el episodio refleja el creciente peso geopolítico que ha adquirido Panamá debido a su posición estratégica y a la relevancia del Canal interoceánico para el comercio mundial.

También ocurre en un contexto de redefinición de las relaciones entre Panamá y China, establecidas formalmente en 2017, pero sometidas en los últimos años a revisiones y debates sobre inversiones, infraestructura y soberanía económica.

Pese a la dureza de las declaraciones, el canciller panameño reiteró la disposición de su país al diálogo y propuso una reunión bilateral con autoridades chinas para abordar las diferencias por la vía diplomática.

“Queremos desescalar las tensiones con respeto mutuo”, indicó Martínez-Acha, aunque dejó claro que la soberanía nacional y el cumplimiento de la Constitución panameña constituyen principios innegociables.

La controversia marcó una de las jornadas más intensas de la Asamblea General de la OEA, foro que durante sus sesiones ha insistido en la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente a desafíos comunes como la migración, la seguridad, el cambio climático y el desarrollo sostenible.

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