Su negativa responde a que, según sus palabras, tal acción vulnera los principios del Estado de derecho, la democracia y la separación de poderes.

En un comunicado de la presidencia, Sulyok calificó de insólito en Europa que un jefe de Estado sea destituido por motivos políticos y advirtió que la norma está diseñada a medida para forzar su salida, lo que quebranta las garantías de autonomía de la institución presidencial.

La situación es única en Europa: se pretende apartar al presidente en funciones por razones exclusivamente políticas, y el procedimiento se ha incluido en las disposiciones finales de la enmienda, lo que viola las salvaguardas constitucionales, subrayó el mandatario.

El proyecto, que previsiblemente será aprobado por el Parlamento controlado por el partido Tisza, del primer ministro Péter Magyar, establece que los poderes de Sulyok cesarán y la Cámara deberá elegir un nuevo jefe de Estado en 30 días. El Gobierno argumenta que la medida busca «restaurar la confianza» en la institución.

Analistas constitucionalistas locales coinciden en que el enfrentamiento abre una crisis institucional.

Sulyok ya ha advertido que recurrirá al Tribunal Constitucional si el Parlamento aprueba la reforma, y también ha solicitado un dictamen a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Por su parte, Magyar confía en que la enmienda sea ratificada a finales de julio y que el nuevo presidente asuma el 20 de agosto, festividad nacional.

La oposición húngara ha instado al Gobierno a retirar la iniciativa, tildándola de anticonstitucional y de «usurpación de poder».

Mientras, el expresidente Viktor Orbán y su partido Fidesz, ahora en la oposición, defienden a Sulyok y criticado la maniobra del actual Ejecutivo.

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