La respuesta oficial fue divulgada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, después de que la administración del mandatario Donald Trump renovara la medida establecida originalmente en julio de 2025, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
A criterio del Ejecutivo brasileño, la determinación norteamericana reitera argumentos infundados al sostener que Brasil representa una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
El comunicado rechazó, además, las acusaciones de supuestas violaciones a la libertad de expresión, a los derechos humanos y de persecución política contra el expresidente Jair Bolsonaro, sus familiares y seguidores.
Tales alegaciones, recalcó la administración brasileña, carecen de respaldo en los hechos y ya fueron respondidas por las autoridades del gigante sudamericano en contactos diplomáticos previos.
Igualmente, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmó que Brasil es un Estado soberano, regido por la Constitución y la independencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En ese sentido, subrayó que las decisiones adoptadas por el Supremo Tribunal Federal (STF) resultan competencia exclusiva de la justicia brasileña y no constituyen materia susceptible de injerencia por parte de otros Estados.
La nota oficial también rechazó clasificar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos, especialmente por la histórica relación de cooperación y amistad entre ambas naciones y los amplios vínculos económicos, políticos y culturales que mantienen desde hace décadas. Dicha prórroga de la emergencia nacional no implica nuevas sanciones ni restablece automáticamente medidas comerciales adicionales, expuso agencia Brasil.
Agregó que se trata de una renovación anual exigida por la legislación estadounidense para mantener vigente la orden ejecutiva emitida en 2025.
La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegal en febrero de este año la utilización de tal norma para imponer aranceles extraordinarios a socios comerciales, lo que limitó sus efectos prácticos en el ámbito económico.
Por su parte, la declaración estadounidense volvió a mencionar presuntos actos de censura en Brasil y cuestiona decisiones del STF relacionadas con investigaciones sobre ataques a la democracia y procesos judiciales contra Bolsonaro y otros dirigentes de la extrema derecha.
El rechazo brasileño se produce en medio de las persistentes tensiones diplomáticas entre ambos países desde 2025, cuando la administración de Trump adoptó una serie de medidas contra Brasil, incluidas restricciones comerciales y sanciones dirigidas a autoridades.
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