El colectivo, encabezado por la comunicadora Ivette Leonardi, consideró que la iniciativa, próxima a ser debatida en la Asamblea Nacional (parlamento), contiene términos demasiado amplios que podrían dar lugar a interpretaciones subjetivas y fomentar la autocensura.

El anteproyecto de ley, presentado por la diputada Dana Castañeda y prohijado por la Comisión de Gobierno, propone modificar el Código Penal para sancionar con penas de entre tres y seis años de prisión a quienes creen, alteren o difundan contenidos falsos mediante IA u otras tecnologías.

Las sanciones podrían aumentar hasta siete años de cárcel cuando esas acciones afecten la honra o la dignidad de una persona, según la propuesta legislativa.

El Fórum reconoció la necesidad de establecer mecanismos legales frente al uso deliberado de estas herramientas para engañar, suplantar identidades o perjudicar la reputación de ciudadanos.

Sin embargo, cuestionó la redacción de la iniciativa y, en particular, el empleo de conceptos como «finalidad denigrante», «apariencia de autenticidad» o contenido «idóneo para causar daño».

Para Leonardi, esos términos poseen un delicado margen de interpretación en materia legal, según declaró al canal de noticias TVN.

El gremio profesional también manifestó preocupación por la excepción contemplada para contenidos periodísticos, artísticos o de interés público, al considerar que una autoridad podría determinar de manera subjetiva cuándo una publicación posee una supuesta intención denigrante.

«Una investigación, una caricatura, una sátira o una opinión crítica pueden resultar incómodas o duras, pero eso no las convierte en delito», señaló el Fórum.

La organización advirtió que no puede quedar abierta la posibilidad de que una autoridad decida subjetivamente cuándo una publicación tiene una intención denigrante.

Para el colectivo, regular el uso de la inteligencia artificial constituye una necesidad, pero hacerlo mediante disposiciones ambiguas y sanciones consideradas desproporcionadas podría afectar el ejercicio de la libertad de expresión.

Introducidas al Código Penal panameño en 2007, la calumnia y la injuria son sancionadas con multas de entre 60 y 180 días, sin contemplar penas de prisión.

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial abre así nuevas interrogantes en Panamá sobre la necesidad de combatir la desinformación y la manipulación tecnológica sin menoscabar las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la crítica.

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