Además de la privación de libertad, se dispuso la retención de 309 mil 646 dólares de la funcionaria y la prohibición de enajenar sus bienes.

La audiencia de formulación de cargos comenzó el pasado 2 de septiembre, cuando la Fiscalía solicitó prisión preventiva para la funcionaria, pero la diligencia fue suspendida hasta este domingo para la lectura de la resolución.

Núñez rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una calumnia sin fundamentos, al tiempo que denunció un supuesto componente político detrás de la causa.

La prefecta responsabilizó a militantes del gobernante partido Acción Democrática Nacional (ADN) en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición en el país que respaldó su reelección en los comicios seccionales de 2023, también cuestionó el proceso y denunció una supuesta persecución política contra integrantes de esa organización.

Núñez ocupa la Prefectura de esa provincia del centro norte de Ecuador desde 2019 y en 2023 fue reelegida para un segundo período.

La decisión en su contra ocurre a menos de tres meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre, en las que Ecuador renovará, entre otras autoridades, alcaldes y prefectos.

Varios dirigentes y autoridades opositoras han denunciado procesos judiciales o sanciones electorales que podrían afectar sus aspiraciones políticas, una situación que ha generado cuestionamientos sobre las garantías para la participación plural en los comicios.

Entre los casos más visibles figuran los procesos legales que involucran al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, condenado a seis años y ocho meses de prisión.

El Gobierno de Daniel Noboa sostiene que las investigaciones y sanciones contra autoridades locales corresponden a las instituciones competentes.

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