El presidente Daniel Noboa oficializó el 10 de septiembre la salida de Mauricio Salazar y designó en su lugar al brigadier general Mauro Bedoya Avilés, mediante el Decreto 496.

Poco después medios locales y plataformas digitales filtraron una carta, cuyo contenido no ha sido desmentido, donde Salazar solicitó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, directrices sobre los llamados “vuelos de apoyo temporales” previstos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Base Aérea Taura, en la provincia del Guayas.

En su oficio, que tiene fecha 8 de septiembre, es decir dos días antes del relevo, Salazar pidió establecer los instrumentos jurídicos y administrativos que permitieran ejecutar la cooperación bilateral sin convertir la instalación ecuatoriana en una base militar extranjera.

El oficial saliente subrayó que la Fuerza Aérea debía conservar el control operacional y administrativo de Taura.

Su requerimiento estaba fundamentado en el artículo 5 de la Constitución, que declara a Ecuador territorio de paz, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras y también impide ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

El jefe militar consideró imprescindible “precisar el alcance de las actividades de apoyo estadounidenses y la normativa constitucional aplicable que las viabiliza sin vulnerar el texto constitucional”.

El excanciller ecuatoriano Guillaume Long sostuvo que la destitución se produjo porque Salazar pidió garantías de que la infraestructura ecuatoriana no fuera utilizada de una manera contraria a la Constitución y al resultado del referendo celebrado en noviembre pasado sobre las bases militares extranjeras.

“Noboa está entregando inconstitucionalmente una base ecuatoriana a los Estados Unidos y no permite que ningún oficial cuestione o estorbe este proceso. No quiere ni un ápice de defensa de la soberanía nacional de parte de nuestros soldados”, manifestó el exfuncionario.

Al mismo tiempo, el excomandante del Ejército Luis Altamirano cuestionó la falta de precisión sobre los límites temporales de la cooperación militar autorizada por la Corte Constitucional.

En entrevista con Radio Pichincha, Altamirano señaló que los dictámenes constitucionales permiten determinados apoyos de carácter temporal, pero no establecen con claridad si esa temporalidad puede extenderse durante días, meses o años.

En sentencias emitidas entre 2023 y 2024, el máximo tribunal consideró compatibles con la Constitución acuerdos relacionados con movilidad de aeronaves, buques y personal estadounidense, así como determinados sobrevuelos y operaciones de cooperación contra actividades ilícitas.

No obstante, de acuerdo con la Corte, esos mecanismos no deben implicar la creación de una estructura militar permanente ni la participación conjunta en conflictos armados.

Ese marco es precisamente el que Salazar pidió delimitar antes de autorizar las actividades previstas en Taura.

El Gobierno de Noboa no ha señalado que la salida de Salazar esté relacionada con la misiva sobre Taura y tampoco ha anunciado que la base vaya a convertirse en una instalación militar estadounidense permanente.

Lo que sí han confirmado las autoridades es la ampliación de la cooperación de seguridad con Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado.

En las últimas semanas aumentaron las denuncias de pescadores que aseguran que aeronaves estadounidenses participaron en los operativos de ataque contra sus embarcaciones, acusados de vínculos con el narcotráfico, aunque luego la justicia los dejó libres por falta de pruebas.

A eso se suma la presencia de aeronaves Osprey estadounidenses en operaciones en la frontera con Colombia reconocidas por autoridades del Gobierno de Noboa.

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