La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional escuchó este viernes a tripulantes de las embarcaciones Negra Francisca Duarte II, Fiorella y Don Maca, procedentes de la provincia costera de Manabí, así como sus parientes y abogados.

La comparecencia virtual se produjo ocho meses después del primer caso y luego de que, según la asambleísta opositora Jahiren Noriega, las víctimas intentaran anteriormente acudir al Parlamento sin ser recibidas.

Noriega cuestionó la demora de la Comisión y propuso que una próxima sesión se realice en Manta, ciudad portuaria de Manabí, para escuchar directamente a los pescadores afectados y sus familias.

Uno de los sobrevivientes del Negra Francisca denunció que dos personas resultaron gravemente heridas y que posteriormente fueron retenidos en condiciones precarias antes de ser entregados a autoridades de El Salvador, desde donde regresaron a Ecuador por sus propios medios.

Durante la sesión también se expuso el caso de la embarcación Fiorella, cuyo hundimiento dejó ocho personas desaparecidas.

Los afectados y sus representantes atribuyeron estos incidentes a operaciones de fuerzas estadounidenses.

La asambleísta oficialista Inés Alarcón insistió en que existe tráfico de sustancias ilícitas en altamar y responsabilizó de esta situación a gobiernos anteriores.

El abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, se refirió en su cuenta de X a la sesión parlamentaria y sostuvo que se intenta colocar bajo sospecha a quienes denuncian haber sido víctimas.

Bastias afirmó que la existencia de delitos en alta mar no demuestra que los pescadores involucrados en estos casos hayan cometido alguno.

También cuestionó la destrucción de las embarcaciones, al considerar que podrían haber servido como evidencia para determinar qué transportaban, qué ruta seguían y si efectivamente existía alguna actividad ilícita.

Igualmente, el abogado denunció presuntas vulneraciones de derechos humanos, entre ellas torturas, desapariciones, incomunicación y privaciones ilegales de libertad, y reclamó que estos hechos sean investigados.

A los tres casos mencionados, no reconocidos como operativos hechos por el Comando Sur, se suman otros ocho ataques a embarcaciones ecuatorianas que las autoridades estadounidenses afirman que sí tienen vínculos con el narcotráfico, aunque hasta ahora tampoco han presentado evidencias.

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