El tribunal de justicia transicional denunció recientemente que dos iniciativas radicadas por los partidos declarados de gobierno ante el Congreso evidencian la existencia de una estrategia para impedir el funcionamiento de ese órgano, así como la intención del Ejecutivo de apoyar esas propuestas.

Ante esa situación, quien fue el último comandante en jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, alertó que la referida corte no constituye una concesión a la desaparecida guerrilla, sino que es el órgano de cierre jurídico del conflicto armado colombiano para todos los actores que se sometan a ella.

“Es la institución que hace posible que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición dejen de ser enunciados y se conviertan en hechos concretos”, señaló en un comunicado divulgado en redes sociales.

El exlíder insurgente, también conocido como Timochenko, enfatizó que no se puede aceptar la muerte lenta por asfixia de la institución, el desmantelamiento disfrazado de ajuste presupuestal ni la estrategia de hacerla inoperante para impedir que culmine la tarea que el país y la comunidad internacional le encomendaron.

Señaló que el motivo detrás de la estrategia es llevar ante la justicia ordinaria a quienes optaron por deponer las armas, en desconocimiento de que son sujetos de un proceso de justicia transicional basados en compromisos de verdad y reparación.

“Quieren despojarnos de nuestras garantías, impedimos decir la verdad y reparar a las víctimas en los términos en que nos comprometimos a hacerlo, y exponernos, en un país donde cientos de firmantes de paz -más de 500- ya han sido asesinados en el camino”, advirtió.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también alertó sobre la necesidad de defender la continuidad de la JEP.

Consideró que garantizar el funcionamiento adecuado de esa corte constituye una obligación constitucional en virtud del Acto Legislativo 01 de 2017 que la crea como una garantía de los derechos de las víctimas y de seguridad jurídica para los firmantes de paz.

“La decisión política de oponerse a la JEP no puede estar por encima de la Constitución. Gobierno y Congreso, como todas las instituciones del Estado, tienen el deber de habilitar, de buena fe, las condiciones para que pueda operar”, remarcó la funcionaria.

La JEP denunció que una de las propuestas radicadas busca acabar con su funcionamiento al privarla de cien mil millones de pesos (31 millones 600 mil dólares) de sus gastos presupuestales.

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