Según el ex consejero presidencial y analista político Julio Schiappa, el proyecto en marcha reconfigura la seguridad y la geopolítica del continente a favor de la expansionista doctrina Monroe, rebautizada como “Donroe”. Los términos del “Escudo”, añade, impactan directamente en la soberanía nacional de las naciones firmantes, planteando serias dudas sobre el equilibrio y la autonomía de la región.

Apunta que incorpora el concepto de intervenciones militares multilaterales, en el marco del vetusto Tratado de Rio de Janeiro de 1947, solo aplicable a la defensa militar y usado para perseguir a los carteles del narcotráfico.

“Habilita así la eventual incursión de fuerzas militares extranjeras en territorios soberanos, lo cual vulnera abiertamente los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en las constituciones nacionales que preservan la inviolabilidad del territorio nacional.

El documento firmado por los participantes en el «Escudo», advierte Schiappa, incluye el control de inversiones, obviamente para excluir a China y a otros países vetados por Washington, de invertir en proyectos clave de la región.

“La cláusula otorga de facto a Estados Unidos el poder de decidir con quiénes pueden negociar los estados soberanos, lo cual vulnera su derecho a autodeterminar sus alianzas económicas” y plantea que los países prefieran a empresas estadounidenses para que exploren y exploten recursos naturales críticos, como cobre, litio y tierras raras.

Lo acordado, subraya, establece un esquema de seguridad y defensa subordinado al Comando Sur de Estados Unidos.

Se trata, afirma, de “Un embudo angosto para Perú y amplio para Estados Unidos, que difícilmente podría ser aprobado por los Congresos y la ciudadanía peruana y de los países cuyos presidentes genuflexos han firmado”.

Pregunta qué significa el concepto “soberanía hemisférica” incluido en el proyecto y porqué Perú acepta otra soberanía cuando debe defender la propia.

El analista enumera otros compromisos lesivos a los intereses económicos de su país: “explorar mecanismos de examen de inversiones”, “promover normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital” y “salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos”.

“Sabemos que eso significa excluir inversiones de otros países, en especial China, en áreas sensibles”, dice y pregunta “¿qué gana Perú al someterse a la vigilancia de una potencia extranjera sobre qué inversiones podemos aceptar y cuáles no?”, prosigue.

“¿Para qué queremos nosotros ‘salvaguardar las cadenas de suministro’ de un país específico, en vez de hacer negocios con quien más nos convenga?” , dice, y agrega el riesgo de que Estados Unidos bombardee pesqueros en aguas peruanas por la sola presunción de que son narcotraficantes, como ha hecho en el Caribe y en Ecuador.

Además, agrega, “permite operaciones extranjeras, el Ejecutivo no puede decidir solo, ya no se trata de una simple declaración o acuerdo de colaboración, aunque le cambien el nombre”, por lo que el “Escudo” debe someterse a un pronunciamiento del Senado, lo que no prevé por la evidente posibilidad de que los parlamentos lo rechacen.

El analista político Hernán Chaparro coincide con Schiappa en que el proyecto de Washington establece el control de inversiones, de explotación de minerales críticos y regulación sobre infraestructura digital, lo cual significa que “los intereses norteamericanos ingresan de contrabando dentro del argumento de la seguridad”.

El periodista Jesús Verde cita declaraciones del canciller peruano, Carlos Espá, en el sentido que “por primera vez en la historia de América Latina hay una gran cantidad de gobiernos que están alineados en la misma dirección, porque siempre América Latina estaba dividida entre diferentes tendencias, rencillas y problemas fronterizos”.

Añade que Espá “Deja en claro que los gobiernos que se han sumado son de una tendencia ideológica de derecha, lo cual les permite coordinar en base a lo que considera una declaración política”.

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde desmintió al embajador de Estados Unidos, Bernardo Navarro, quien dijo que la represalia de Estados Unidos a un juez peruano -que dictaminó a favor de China en un diferendo sobre el megapuerto chino-peruano de Chancay- se debe al “Escudo”, cuando es una decisión unilateral como las similares que Washington suele tomar arbitrariamente.

En declaraciones a una televisora local, añadió que la actitud de Navarro es característica del gobierno de Trump, pues “sus embajadores intervienen permanentemente en la política interna de los países y parecen unos actores adicionales o tal vez los principales en la política peruana”.

“Al final, ¿quién está gobernando acá? ¿Está gobernando el señor Navarro como virrey o está gobernando la señora Keiko Fujimori? No lo sabemos porque, al final, se toman decisiones que al final nos perjudican”, aseveró el analista, de posiciones ajenas a la izquierda..

Belaúnde advirtió también que, si bien es necesaria la colaboración internacional para la lucha contra el crimen organizado y transnacional, el “Escudo de las Américas” tiene otros aspectos como estar contra la presencia económica de China en Latinoamérica y para el Perú no sería conveniente tomar decisiones que afecten al país asiático, su más importante socio económico y comercial.

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