No obstante, Bruselas advirtió que cualquier margen adicional deberá preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas, según reportes de los diarios La Repubblica y Sky TG24.

La medida permitiría al Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, disponer de unos 29 mil millones de euros adicionales durante 2026 y 2027, distribuidos entre ambos capítulos, con el objetivo de afrontar las presiones energéticas y reforzar las capacidades defensivas del país.

El respaldo de la Comisión constituye un avance para Roma, pero todavía requiere la aprobación definitiva de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, prevista para noviembre, antes de que pueda aplicarse plenamente el mecanismo.

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, señaló que la propuesta italiana será examinada con mayor profundidad y recordó que las actuales reglas fiscales comunitarias ya contemplan mecanismos para tener en cuenta el impacto de una inflación superior a la prevista sobre el gasto público.

Tras conversar con el ministro italiano de Economía, Giancarlo Giorgetti, el funcionario comunitario afirmó que Bruselas está dispuesta a estudiar medidas de respuesta cuando sean necesarias, pero advirtió contra la introducción continuada de nuevas excepciones fiscales.

La discusión se desarrolla en un contexto de divergencias entre los países que defienden una aplicación más estricta de las normas presupuestarias y aquellos que reclaman mayor flexibilidad para afrontar el encarecimiento de la energía y las necesidades de inversión.

Por su parte, Giorgetti expresó confianza en que los argumentos técnicos presentados por Roma permitan interpretar las reglas comunitarias de forma compatible con la estabilidad financiera.

El titular italiano considera que la cláusula abrirá un margen para atender prioridades nacionales sin que esos desembolsos sean tratados de la misma manera que otros gastos ordinarios en la evaluación fiscal europea.

Roma también solicitó un margen adicional para compensar los efectos de la inflación sobre el gasto público y utilizar parte de los mayores ingresos fiscales generados por el aumento de los precios para aliviar el costo de los combustibles.

Sin embargo, esta última propuesta encontró reservas en Bruselas que rechazó la utilización automática de la recaudación extraordinaria del impuesto sobre el valor añadido, derivada del encarecimiento de los productos, para financiar reducciones en los precios de los carburantes.

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