Giovanna Amaya, directora de la Escuela de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de O’Higgins, hizo referencia a los cambios en el presupuesto de la cartera de Medio Ambiente, donde crecieron los recursos para otorgar permisos a nuevas empresas.

El Servicio de Evaluación ambiental crecerá en cuatro puntos porcentuales, el de Biodiversidad y Áreas Protegidas lo hará en 20,7, mientras la Superintendencia del Medio ambiente sufrirá una rebaja de 1,8, dijo.

De acuerdo con Amaya, estos cambios tienen como principal riesgo el aumento en la aprobación de obras potencialmente dañinas para el entorno natural y la población, sin reforzar el control posterior.

“Podemos tener un Servicio de Evaluación Ambiental con más recursos, que permita tramitar proyectos de manera más eficiente, pero ¿qué pasa después? ¿quién verifica que las normas se estén cumpliendo?”, cuestionó la académica.

También mencionó la importancia de la participación ciudadana durante la evaluación.

Cuando las comunidades sienten que no fueron escuchadas, los conflictos aparecen tarde o temprano, opinó.

Cuestionó, asimismo, la reducción del presupuesto para el programa de calefacción sustentable, el cual consiste en la sustitución de quemadores de leña o carbón por equipos de moderna tecnología.

Hay muchas regiones con serios problemas sanitarios por la baja calidad del aire y no se puede pedir a las familias que mejoren sus sistemas, si al mismo tiempo les disminuyen las posibilidades de acceder a otros de menor impacto ambiental, afirmó Amaya.

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