En su columna Sabrina sin censura, publicada en el diario La Prensa, la comunicadora señaló que miles de personas enfrentan la pérdida de sus viviendas y medios de subsistencia, además de la incertidumbre sobre el acceso a alimentos y alojamiento.

Bacal consideró que la emergencia expuso las condiciones de sectores alejados de los principales centros económicos del país, donde muchas familias dependen de la agricultura, la ganadería, el comercio y el trabajo informal.

“Y es que el sismo sacó a flote la dura realidad del “otro Panamá”, aquel que sucesivos gobiernos han ignorado y abandonado, lejos de los rascacielos, los puertos, el Canal y la banca. Un país donde el crecimiento económico que tanto celebran nuestras autoridades sigue sin traducirse en desarrollo humano”, remarcó.

La analista subrayó que los daños en carreteras, puentes, hospitales y centros educativos profundizaron problemas preexistentes, en particular en la península de Azuero y la central provincia de Veraguas, entre las zonas golpeadas por el movimiento telúrico.

«La península de Azuero, una de las regiones más golpeadas por el terremoto, lleva un año y medio sin agua potable. Una crisis que poco tiene de desastre natural y mucho de incapacidad y desidia estatal», subrayó.

A su juicio, el terremoto agravó las condiciones de vida de miles de ciudadanos que llevaban años esperando respuestas del Estado.

También cuestionó la centralización de las decisiones gubernamentales y sostuvo que esa estructura puede dificultar una respuesta ágil ante emergencias, al tiempo que destacó la participación de gobiernos locales, organizaciones sociales y ciudadanos en las labores de asistencia.

La articulista llamó la atención, además, sobre la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los 100 millones de dólares contemplados en la declaratoria de emergencia por el sismo, recursos que se suman a los 80 millones destinados a enfrentar los efectos del fenómeno climático El Niño.

En ese sentido, reclamó que la ayuda llegue sin favoritismos políticos a las personas afectadas y que los desembolsos y las adjudicaciones de contratos estén sujetos a fiscalización.

Además sostuvo que la reconstrucción debe ir más allá de la distribución de asistencia inmediata e incluir inversiones en las comunidades, el fortalecimiento de los gobiernos locales y una mayor rendición de cuentas sobre el empleo de los fondos públicos.

El terremoto, que ha dejado miles de damnificados y daños en infraestructuras, mantiene a las autoridades y a las comunidades ante el desafío de atender las necesidades urgentes y recuperar las condiciones de vida en las regiones afectadas.

El potente sismo ocurrió a las 12:56, hora local, del 9 de octubre. El Servicio Geológico de Estados Unidos elevó de 7,6 a 7,7 la magnitud del evento, mientras el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá la situó en 7,5, después de una estimación inicial de 7,2.

mem/ga