Manuel Bompard, diputado de La Francia Insumisa (LFI), acusó al Gobierno de gestionar de forma inadecuada las movilizaciones del 17 de octubre, al agravar la tensión y dejar desprotegidos a comerciantes y manifestantes pacíficos.

También rechazó las acusaciones contra su partido y denunció un posible uso político de los servicios de inteligencia, así como restricciones a las libertades fundamentales.

Como alternativa, Bompard reclamó una respuesta política a la crisis, con medidas sociales concretas: destinar 10 mil millones de euros a reconstruir el sistema educativo y universitario, bloquear los precios de los carburantes y aumentar el salario mínimo.

Sostuvo que las reivindicaciones sociales deben abordarse mediante decisiones económicas y políticas, y no únicamente con medidas de seguridad y represión.

Por su lado, el ministro del Interior Laurent Nuñez responsabilizó a la LFI por su apoyo a sectores de la izquierda radicalizada, a los que acusó de exacerbar tensiones y contribuir a que algunas protestas terminaran en incidentes graves y destrozos de comercios.

Aunque reconoció su propia responsabilidad en el diseño de los dispositivos de seguridad, Nuñez atribuyó también a la oposición una parte de la responsabilidad por la violencia.

El ministro rechazó las acusaciones de manipulación de los servicios de inteligencia con fines políticos y aseguró que estos no investigan a los partidos.

De su lado, el primer ministro Sébastien Lecornu defendió ante la Asamblea Nacional los toques de queda localizados, el refuerzo de los dispositivos policiales y una ofensiva judicial contra los responsables de saqueos y destrozos.

Anunció que 200 investigadores están movilizados para identificar a los implicados y respaldó un proyecto de ley para que los autores paguen los daños, incluso mediante el embargo de determinadas prestaciones sociales.

Ante las críticas por la gestión de las movilizaciones del 17 de octubre, Lecornu prometió transparencia sobre los fallos del operativo y anunció una comisión parlamentaria de investigación, al tiempo que defendió la actuación policial y rechazó las denuncias de vigilancia política.

También prevé reunirse con fuerzas políticas y sindicatos para abordar la seguridad de las próximas protestas y las demandas de los estudiantes.

Pero, mientras insiste en que hay que elegir entre la violencia y la República, no concreta en esta intervención medidas económicas capaces de responder al malestar por el coste de la vida, una de las principales reivindicaciones de las movilizaciones, estiman expertos.

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