En medio de cuestionamientos sobre la transparencia, el gasto público y el desempeño del primer órgano del Estado, las decisiones del Legislativo deberán medirse por su capacidad para responder a las demandas ciudadanas, según analistas.

Uno de los expedientes centrales es el proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para 2027 por 35 mil 111,7 millones de dólares.

La Comisión de Presupuesto aprobó la iniciativa en primer debate el 26 de octubre, con modificaciones por 186,83 millones de dólares, y el documento pasó a la siguiente etapa de discusión.

El trámite mantiene sobre la mesa el examen de las prioridades del gasto y la distribución de los recursos entre sectores como salud, educación, infraestructura, seguridad y servicios sociales.

En el ámbito político, el proyecto orientado a reformar el Código Electoral, continúa rodeado de diferencias sobre las reglas de representación y participación. La iniciativa superó el primer debate con propuestas relacionadas con la distribución de curules en circuitos plurinominales, las candidaturas independientes y el financiamiento electoral.

El experto político José Stoute cuestionó restricciones que, a su juicio, afectan el derecho de algunos aspirantes a constituir partidos políticos, y situó la discusión en el terreno de las libertades democráticas.

En contraste, la iniciativa que busca ampliar beneficios a jubilados, pensionados y personas adultas mayores, figura entre los asuntos que aún podrían avanzar antes de la clausura de las sesiones.

La propuesta contempla descuentos y beneficios relacionados con medicamentos, consultas médicas, electricidad y otros servicios esenciales.

También requiere seguimiento el proyecto que introduce modificaciones al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. El pleno aprobó un informe relacionado con una objeción a la iniciativa, aunque el alcance de esa decisión y los pasos posteriores deben precisarse antes de establecer si el trámite quedó concluido.

Más allá de estos expedientes, el cierre legislativo transcurre bajo cuestionamientos sobre la legitimidad institucional, la transparencia en el manejo de los fondos públicos y las prioridades de los diputados.

Varios estudiosos vinculan el descontento con las dificultades económicas de la población y advierten sobre posibles protestas si las instituciones no responden con la rapidez que demandan las necesidades sociales.

Con el 31 de octubre como fecha prevista para el cierre de las sesiones ordinarias, el Legislativo enfrenta una agenda en la que confluyen decisiones económicas, reglas de competencia política y demandas de protección social.

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