La causa representaba el reclamo financiero más abultado en la historia del país sudamericano, con una exigencia de indemnización que alcanzaba los tres mil 536 millones de dólares, explicó en conferencia de prensa.

Con la resolución, la justicia francesa ratificó la validez del laudo emitido en 2020 por el Tribunal Arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cerrando de manera definitiva un extenso litigio internacional.

El conflicto legal tuvo su origen en las intenciones de la firma Zamin Ferrous, a través del grupo comprador del proyecto Aratirí, de desarrollar una extracción minera de hierro a gran escala en la zona de Valentines, junto con la construcción de una terminal portuaria en las costas del departamento de Rocha (al este).

Los demandantes alegaban que los cambios regulatorios impuestos por Uruguay —entre ellos la aprobación de la Ley de Minería de Gran Dimensión en 2013 y las posteriores exigencias en materia de impacto ambiental— constituían una expropiación indirecta y una violación de los compromisos de protección a las inversiones internacionales contraídos por el Estado.

Sin embargo, tanto la instancia arbitral original como la Corte de Apelaciones parisina coincidieron en sostener la posición de la defensa técnica uruguaya.

Se determinó que las modificaciones legales y las exigencias ambientales aplicadas respondieron al ejercicio legítimo de la soberanía regulatoria del país en defensa del interés público y el medio ambiente.

Asimismo, la justicia desestimó las acusaciones de trato injusto o inequitativo, concluyendo que las medidas adoptadas por el gobierno fueron transparentes y apegadas al marco normativo vigente.

Según detalló el semanario Búsqueda, la resolución firme permite al gobierno avanzar en territorio francés con las gestiones para el cobro de aproximadamente cuatro millones de dólares que los demandantes adeudaban a Uruguay.

Resulta el monto estipulado originalmente en el laudo arbitral de 2020 para cubrir los costos y gastos del proceso legal.

El fallo refuerza el principio de que los Estados conservan el derecho soberano de adaptar sus marcos regulatorios y proteger sus recursos naturales ante macroproyectos extractivos, sin que ello constituya de forma automática una infracción a los tratados de inversión.

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