Resulta que el 1 de julio, la compañía Sony anunció que dejaría de vender los videojuegos de Play Station en formato físico a partir de 2028, un anuncio que Mélenchon tuvo en cuenta para convertirse en el primer político galo en adentrarse en este tema.

El líder de la LFI, con gran apoyo del electorado juvenil, aprovechó para lanzar una frase que de lejos parece inofensiva, pero que en realidad tenía propósitos estratégicos.

“Mañana pagaréis sin llegar a poseer nada. Los videojuegos no son una simple mercancía, sino un bien cultural y la legislación vigente debe aplicarse también a ellos”. Poco después ese anuncio ya contaba con cuatro millones de seguidores.

Pero ese raiting no fue casual, pues más bien pareció ser resultado de un estudio profundo para conocer que los adictos a los videojuegos en Francia llegan a los 40 millones, de los cuales el 88 por ciento es adulto, un potencial electoral a tener en cuenta.

La referida cifra salió a relucir en un estudio de Médiamétrie publicado en septiembre de 2025 por el Sindicato de Editores de Software de Ocio, destacó en su momento Le Monde.

Solo basta con el ambiente de competición de jóvenes y adultos que se puede apreciar a simple vista en el capitalino Parque de Luxemburgo: todo un enjambre de jugadores al aire libre.

Así que Mélenchon parece trabajar desde ahora con ese segmento poblacional, donde parece ganar adeptos. “Las jugadoras y jugadores también tienen derechos”, declaró el candidato presidencial de la LFI en el mismo mensaje con apoyo millonario.

De eso habla la propuesta presentada esta misma jornada por el diputado del LFI Ugo Bernalicis para garantizar los derechos de los usuarios y preservar los videojuegos como patrimonio cultural.

Bernalicis busca crear una plataforma pública de conservación y difusión a cargo de la Biblioteca Nacional de Francia y, a largo plazo, un Centro Nacional del Videojuego financiado mediante un impuesto específico, inspirado en el modelo del cine.

La preocupación creció al cerrar Ubisoft, en abril de 2024, los servidores de The Crew, dejándolo inutilizable. La petición europea “Stop Destroying Videogames” reunió más de 1,3 millones de firmas.

Le Monde advierte, sin embargo, que la propuesta difícilmente sería debatida por falta de tiempo y que la legislación europea limita su alcance. Pero nadie podrá negar que fue la LFI la primera formación política en defender a millones de adictos a videojuegos.

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