El Ministerio Público del Trabajo (MPT) informó que recibió mil 459 denuncias de acoso electoral en los tres días posteriores al balotaje del 25 de octubre, un incremento superior al 75 por ciento respecto al registro anterior.
Hasta la mañana del 26 de octubre, el organismo contabilizaba mil 937 casos durante el actual proceso electoral, por lo que el total ascendió a tres mil 396 denuncias en 2026.
Las manifestaciones de intimidación incluyen amenazas de despido, vigilancia de las redes sociales de empleados, divulgación de listas de trabajadores y establecimientos comerciales identificados por sus preferencias políticas, así como llamados a excluir a simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) de oportunidades laborales y servicios.
Ante la circulación de esos contenidos, el MPT presentó este jueves una acción judicial contra Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Threads, para exigir la retirada, en un plazo de 24 horas, de publicaciones que estimulen a empresarios a vigilar, exponer, dejar de contratar o despedir trabajadores por su voto u orientación política.
Los procuradores solicitaron además una indemnización de 50 millones de reales (unos 9,8 millones de dólares) por daños morales colectivos, ya que la demanda atribuye responsabilidad a la compañía por la difusión y amplificación de mensajes discriminatorios mediante sus plataformas.
Según reportó el diario Folha de S. Paulo, varias organizaciones sociales también denunciaron la suspensión de donaciones, la ruptura de alianzas y presiones de empresarios después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre los afectados figura el Grupo de Apoyo a Niños con Cáncer de Sergipe, que perdió un respaldo financiero negociado para construir su sede; la organización Nacer, de Manaos, que informó sobre la pérdida de dos colaboradores; y Turma do Bem, que registró la salida de cinco dentistas voluntarios.
La Acción de la Ciudadanía, dedicada al combate del hambre, denunció igualmente intimidaciones en sus publicaciones digitales y el pedido de devolución de donaciones realizadas desde 2025 por parte de una empresa asociada.
En respuesta, el Gobierno federal anunció medidas conjuntas con el MPT, el Ministerio de Trabajo y Empleo, la Abogacía General de la Unión y otras instituciones para recibir denuncias, investigar las prácticas y combatir la discriminación política en el ámbito laboral.
La legislación brasileña prohíbe utilizar convicciones políticas como criterio para contratar o despedir trabajadores y protege la libertad de conciencia y el secreto del voto.
El MPT recuerda que las personas afectadas pueden denunciar los hechos y solicitar confidencialidad.
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